El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial le metieron la chancla al gas para que fuera una realidad la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reforma a la Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
Una deuda pendiente del Estado costarricense de hace más de 15 años, desde que se viene hablando del tema sin que ningún actor político o funcionario de jerarquía del sector público metiera mano para concretar reglas más severas contra los mafiosos.
La pandemia de homicidios que golpea al país y el recrudecimiento de la violencia metieron en un zapato a las autoridades, que se apuraron para sacar la tarea.
Las nuevas normas contemplan el fortalecimiento de los tribunales que investigan todo tipo de delitos relacionados con el crimen organizado (corrupción, narcotráfico, lavado de dinero). Estos casos se debatirán en una jurisdicción especializada.
“Sanciones más severas y contundentes”, sentenció el presidente de la República, Rodrigo Chaves, que habrá contra estos grupos delincuenciales.
Durante la firma de la propuesta, a la que asistieron Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, y Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como otros invitados, el mandatario reconoció que el crimen organizado “se nos ha metido en nuestra institucionalidad, en nuestro querido país y que lo vamos a combatir con acciones decisivas y valientes”.
Chaves explicó que en la ley se establecen los criterios para nombrar al personal que trabajará en la jurisdicción especializada en delincuencia organizada y reforzará la evaluación de estos funcionarios, porque “no hay una ley en el mundo que sea efectiva si no se aplica con probidad y por personas que tengan los valores morales y la fortaleza de aplicarla a sus extremos”.
El 2022 cerró como el más violento de la historia y el 2023, a la tercera semana de mayo, supera en más de un 40% la cantidad de homicidios si se compara con el mismo periodo del año anterior.
Las autoridades tienen claro que esto se debe a las guerras entre bandas criminales que por lo general se dedican al narcotráfico. El presidente afirmó que “en Costa Rica no vamos a permitir que siga creciendo”.
En su discurso, el mandatario agradeció que los diputados se tomaran en serio la urgencia de aprobar la reforma a la ley pues “como país íbamos a correr el riesgo de poner en libertad a personas acusadas por temas de delincuencia organizada muy severos y que bajo la normativa anterior ya habrían sobrepasado los plazos de prisión preventiva, que ahora con la reforma vamos a poder ampliar”.
Orlando Aguirre, presidente de la Corte, declaró que la firma de esta ley “es el fruto del compromiso de los tres poderes de la República”. “Todos tenemos el mismo norte: que las familias, que la sociedad tenga tranquilidad, que en las comunidades prospere una cultura de paz”.
Rodrigo Arias, presidente del Congreso, dijo que la decisión de los diputados de apoyar esta ley fue responsable porque con ella “les vamos a dar instrumentos que nos están pidiendo quienes tienen a su cargo combatir la criminalidad organizada en este país”.
