El gobierno PAC cambió el tablero sobre el que concentraba sus jugadas político estratégicas la tarde del 7 de febrero.
Ese día, el presidente, Carlos Alvarado, apretó el botón de pánico. Convocó a una reunión de urgencia al gabinete en pleno para discutir sobre cómo se combatiría el déficit fiscal, que cerró en 6,96%, el más alto de los últimos 30 años, desde la crisis económica histórica que enfrentó el país en el gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982).
El 8 de febrero, los jerarcas acudieron a la Casa Presidencial, en Zapote, donde se tomaron decisiones y se definió la hoja de ruta, encabezada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en un intento desesperado por levantar las finanzas de Costa Rica.
El plan estaba definido: volarse el secreto bancario (esto lo debe aprobar la Asamblea Legislativa), vender activos (Bicsa, Fanal), usar el superávit de las instituciones para bajar la deuda, entre otras.
Chaves anunció la propuesta ante los diputados, el 10 de febrero, en el Plenario. Ese mismo día se supo que la calificadora de riesgo Moody’s bajo la perspectiva del país de estable a negativa.
Pero lo que sigue a continuación es una serie de hechos que parecerían aislados, pero que si se analizan con detenimiento encajan perfecto en el rompecabezas presidencial:
- 11 de febrero: el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, confirma los despidos del director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Guillermo Araya, y del subdirector atribuidos a un cambio en la visión de Zapote.
El ICD es un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia que se dedica a prevenir el consumo de drogas, reinsertar a los adictos a la sociedad, crear planes y estrategias contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el financimiento del terrorismo. - 14 de febrero: se anuncia una estampida en Hacienda y el ministro Chaves confirma ocho cambios en su alineación titular. Uno de los cargos que sufre la sacudida es el del viceministerio de Egresos, cuyo nuevo inquilino aún no ha sido nombrado. Se rumora que sería Diego Fernández, mente maestra de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), más conocida como la Gestapo tica.
- 17 de febrero: se publica el decreto número 41.996 en el diario oficial La Gaceta, con el que se crea la UPAD, que tendrá acceso a información “de carácter confidencial”. “Será una unidad de nivel político estratégico que asesora directamente al Presidente de la República y su despacho”, indica parte del texto.
Uno de los elementos claves en este análisis se centra en la figura del posible próximo viceministro de Egresos de Hacienda, Diego Fernández.
Como su perfil en Linkedin lo indica, es el consejero presidencial en Ciencia de Datos (Data Science, por su nombre en inglés y de moda) para una política pública.
La UPAD trabajó con los datos de los costarricenses un año y medio antes de que se publicara el decreto. Quién sabe cuáles y cuántos confidenciales utilizaron para estudios de “política pública”. Dice el ministro Morales que todo eso se sabrá esta semana. Este medio lo contactó dos veces por teléfono, pero no fue posible conversar con él.
¿Acaso Fernández es el enganche que necesita el ministro Chaves para conectar la UPAD con la información bancaria sensible que busca de los costarricenses?
¿El verdadero plan del exfuncionario del Banco Mundial y del presidente Alvarado es el espionaje a más alto nivel?
¿Es esta una nueva idea con fines electorales para controlar los próximos comicios nacionales del 2022 para mantener al PAC en el poder?
¿El exdirector del ICD, Guillermo Araya, incomodaba en la ecuación de la “nueva visión” de Zapote en el combate contra el narcotráfico y el lavado de dinero?
¿La UPAD se iba a conectar con las bases de datos del ICD, una unidad de inteligencia con manejo de información sumamente sensible sobre organizaciones criminales?
Muchas preguntas, pocas respuestas.