El Ministerio Público confirmó a ¡Qué Torta! que la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada no ha recibido ninguna denuncia sobre el caso promovido públicamente por el empresario Leonel Baruch Goldberg contra el presidente, Rodrigo Chaves.
Adicionalmente, las autoridades también precisaron que no existe causa alguna contra el Banco BCT. Sin embargo, sí detallaron que hay una investigación en curso contra Baruch Goldberg y la empresa Beta Matrix S. A., por un presunto fraude a la Hacienda Pública, que se remonta a los períodos fiscales entre 2008 y 2015.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual aclaró que el expediente 22-000070-0621-PE no guarda relación con el BCT y que la investigación contra Baruch y su empresa continúa activa.
Agregó además que la asistencia penal internacional con Panamá fue solicitada por la Contraloría General de la República, desmarcando al Poder Ejecutivo de esa gestión, en aparente contradicción con las acusaciones del empresario.
La causa penal que involucra a Baruch y a la empresa Beta Matrix se refiere a un presunto esquema de evasión fiscal, en los períodos comprendidos entre 2008 y 2015.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos se investiga si ambas figuras habrían conformado un mismo grupo económico con el fin de omitir el pago de impuestos, mediante operaciones financieras estructuradas para ese propósito.
La afectación estimada al erario público habría rondado los ₵11.000 millones, según lo planteado inicialmente por el Ministerio de Hacienda, aunque esa cifra ha sido fuertemente cuestionada por la defensa de Baruch.
La buscan, pero aún no se sabe dónde está
En paralelo, la Fiscalía Adjunta de Crimen Organizado respondió que no ha recibido denuncia alguna relacionada con este caso, pese a que el propio Baruch afirmó el 21 de abril del 2025, a través de un comunicado de prensa, haber interpuesto una acusación por delitos de crimen organizado, difusión de información falsa, abuso de poder y tráfico de influencias contra el presidente, Rodrigo Chaves; la diputada Pilar Cisneros; el abogado del mandatario, José Miguel Villalobos; el periodista Richard Molina (El Guardián CR); el empresario Carlos Denton (uno de los dueños de la consultora CID-Gallup); el empresario Carlos Valenciano Kamer (dueño de ¡OPA! canal 38), entre otros.
La Fiscalía General aún no ha contestado si recibió el documento, ni si lo ha trasladado a algún despacho. La situación deja en el aire una interrogante clave: si Baruch considera que se trata de una organización criminal, ¿por qué no presentó la denuncia directamente ante la unidad especializada? El vacío procesal añade complejidad a un caso ya de por sí inédito.
Comunicado nombra red
El comunicado de Baruch sostiene que existe una red de personas actuando de forma coordinada y sostenida en el tiempo, que buscaría desacreditarlo, mediante denuncias infundadas y publicaciones mediáticas falsas.
No obstante, la falta de calificación oficial como crimen organizado por parte de la Fiscalía deja en suspenso esa afirmación y plantea interrogantes sobre el encuadre jurídico y comunicacional adoptado por el empresario.
La Ley contra la Delincuencia Organizada (número 9481) establece que para tramitar un caso bajo esa jurisdicción deben existir tres o más personas asociadas de manera concertada, con objetivos delictivos claros y permanencia en el tiempo, algo que Baruch alega, pero que deberá ser evaluado por el Ministerio Público con base en prueba formal, en caso de que finalmente se presente una denuncia bajo esos términos.
El uso del término “organización criminal” para describir una presunta persecución política marca un giro llamativo en el debate público costarricense.
Hasta ahora, el concepto ha estado reservado casi exclusivamente para estructuras vinculadas al narcotráfico, trata de personas o redes de lavado de dinero.
El intento de extender esta figura legal a una supuesta red político-mediática con fines reputacionales plantea, no solo un reto jurídico, sino también un debate ético sobre los límites del discurso político, la instrumentalización del aparato estatal y el papel de los medios.
