El sector lácteo costarricense apoya el pulso que se está echando la presidente, Laura Fernández, en medio de la creciente tensión comercial con Panamá y lanzó un durísimo pronunciamiento contra el embargo que ese país mantiene desde hace casi seis años contra los productos nacionales.
La Cámara Nacional de Productores de Leche (CNPL) respaldó “totalmente” la posición firme asumida por Fernández y acusó al gobierno panameño de sostener un bloqueo “arbitrario”, “injustificado” y basado en “pretextos sanitarios” para proteger artificialmente su mercado interno.
Según el sector, el cierre comercial impuesto desde julio del 2020 ya provocó pérdidas superiores a los $200 millones, además de golpear directamente a casi 28.000 fincas lecheras y más de 1.100 plantas e industrias formales y artesanales.
La Cámara sostiene que el impacto no solo lo ha sufrido Costa Rica, sino también Panamá, cuyos consumidores dejaron de tener acceso a productos costarricenses que históricamente ayudaban a cubrir entre un 40% y un 50% de las importaciones que requiere ese país.
Uno de los puntos más fuertes que expresa la presidenta de la Cámara, Ivannia Quesada, cuestiona abiertamente la actitud del gobierno panameño y califica el embargo como una represalia difícil de entender, tomando en cuenta incluso las inversiones costarricenses en suelo canalero.
“Especialmente paradójico resulta este embargo comercial cuando se discrimina a un país vecino y hermano, como Costa Rica, que ha creído en el potencial de desarrollo de la producción de leche en Panamá y que ha realizado inversiones millonarias en la industria láctea panameña”, afirmó Quesada.
La dirigente recordó además que empresas costarricenses han sido históricamente grandes compradoras de leche grado A panameña e incluso apoyaron a industrias de ese país durante crisis sociales recientes. Por eso, dijo, “no logramos entender estas represalias arbitrarias e injustificadas”.
El sector también golpeó la postura de las autoridades panameñas por rechazar mecanismos alternativos de resolución dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a pesar de que —según recuerdan— el panel arbitral internacional ya favoreció la posición costarricense.
La CNPL sostiene que Panamá ha actuado sin buena fe y que las recientes declaraciones de sus autoridades dejan ver la intención de perpetuar el bloqueo comercial mediante prácticas proteccionistas incompatibles con la normativa internacional.
