Laura Fernández empezó su mandato firmando tres decretos, pero uno de ellos generó comentarios positivos y negativos.
Se trata del decreto relacionado con el llamado “año carcelario de ocho meses”, una práctica que a la presidenta no le gustaba ni un poquito.
“Con el nuevo reglamento se acaban las alcahueterías”, afirmó la mandataria este viernes durante las actividades del traspaso de poderes, al referirse a los beneficios penitenciarios y al debate sobre el llamado año carcelario de ocho meses.
Además, Fernández insistió en que su gobierno impulsará medidas más duras en temas de seguridad y sistema penitenciario.
“Me interesa muchísimo una agenda parlamentaria de proyectos para poner mano dura”, manifestó la presidenta al referirse a reformas relacionadas con seguridad y justicia.
La medida provocó reacciones divididas. Mientras algunos sectores respaldan un endurecimiento de las reglas penitenciarias, otros recuerdan que el año carcelario continúa siendo de 360 días y que las reducciones de pena responden a beneficios aplicados a privados de libertad que estudian o trabajan.
Los otros decretos firmados por Fernández corresponden a la organización del Poder Ejecutivo, donde se establecen funciones de los vicepresidentes y la integración de distintos sectores del Gobierno, así como la convocatoria de proyectos de ley a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
