Si bien el escándalo UPAD mantuvo en vilo desde un inicio al presidente, Carlos Alvarado Quesada, el allanamiento en Zapote lo aterrizó violentamente a la realidad que vive el gobierno.
Fue la primera vez en la historia del país que un ejército de fiscales y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al centro de operaciones del Poder Ejecutivo.
Esa píldora de ubicatex le llegó en porciones inimaginables justo cuando Álvaro Burgos Mata, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, le describió los alcances de la diligencia y lo puso en conocimiento de sus derechos.
Quienes estuvieron cerca del mandatario aseguran que en ese momento estuvo cabizbajo, hasta cierto punto desencajado y el color del rostro le cambió.
Dentro de Casa Presidencial, los funcionarios, tanto interinos como fijos, se paralizaron al ver ese montón de policías con chalecos antibalas que los identificaban como “Policía OIJ” en el andén que conduce al despacho de Alvarado.
En la tarde de ese viernes 28 de febrero, cayó el primero de la lista: el asesor jurídico y ahora comisionado ad honorem LGBTI+, Luis Salazar Muñoz, uno de los que estuvo a cargo de la elaboración del decreto ejecutivo que creó la Gestapo a la tica.
Con la llegada del fin de semana, las aguas se mantuvieron en su nivel normal de los últimos días: un mar picado, un oleaje fuerte y con la amenaza de crecer su ritmo.
El lunes anterior, la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, precisó que a Alvarado se le decomisaron dos celulares (el personal y el que le asignó Presidencia), así como la computadora de la oficina.
Independientemente de la inocencia o culpabilidad del presidente sobre el alcance que tuvo la UPAD y si accesó datos confidenciales eso le golpeó el ego, aunque públicamente asegure que es un ejercicio democrático y que cree en la institucionalidad del país.
El decreto le permitía al equipo de analistas, liderado por Diego Josué Fernández Montero, a quien acompañaban Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Eduardo Villalobos Villalobos, tener a disposición un universo de información.
El punto que muchos han defendido es que el análisis de datos es bueno para desarrollar políticas públicas precisas. Nadie lo discute.
El problema de fondo son las formas, las pretensiones ocultas del gobierno (que evidentemente nunca nadie sabrá, por eso son ocultas) y el manejo responsable de esos datos. Nadie vigilaba a esos muchachos, andaban por la libre.
Es por una serie de imprudencias que cometieron estos jovencitos que jaló el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Juan Alfaro López. Así lo admitió en la carta de renuncia que dirigió al presidente.
Su salida junto con la del viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto Castro, se dio diez horas después de que la comisión investigadora de la UPAD, en la Asamblea Legislativa, aprobó citar a 22 funcionarios (incluidos ellos dos) para que dieran explicaciones sobre el escándalo.
El miércoles amaneció revuelto. Víctor Morales Mora se sumó a las renuncias (debió hacerlo desde un principio, pero ni se despeina porque regresa el lunes a su curul en la Asamblea Legislativa) junto con Felly Salas Hernández, directora de Despacho de la Presidencia, y Fernández Montero, coordinador de la UPAD.
El recuento de los daños en los pasillos de Zapote deja un saldo de seis víctimas y quienes resultaron levemente heridos fueron Madrigal Rivas y Villalobos Villalobos, que serán reubicados en otras instituciones.
Alvarado Quesada se quedó sin su equipo de confianza, acudió a un funcionario experimentado y respetable como el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, para que le saque agua del barco, y mientras, se siente solo…
