*Por Jorge Chavarría Guzmán
Exfiscal general de la República
A raíz de una situación particular que me ocurrió recientemente, que más adelante relataré, y de comentarios de varios colegas en el mismo sentido, me he decido a escribir este artículo de opinión convencido de que uno de los principales males del costarricense es su falta de conocimiento jurídico en temas que son fundamentales para él como ciudadano de una democracia.
En el ejercicio de mi carrera profesional, me correspondió ser capacitador de fiscales a nivel nacional e internacional. En el desarrollo de esta función, encontré que uno de los problemas más graves a nivel regional era la actuación de algunos fiscales que aplicaban la investigación preordenada derivada de viejas prácticas inquisitivas y técnicas policiales totalitarias.
La investigación es preordenada cuando la formulación de las hipótesis sobre los hechos y la vinculación culpable del imputado a ellos son construidos a partir de información incompleta, especulaciones, estereotipos, sospechas o prejuicios que se asumen como verdaderos y a partir de ellos se da una ordenación o “acomodo” de la prueba dirigida conscientemente a lograr su infalseabilidad.
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Las conclusiones, no siguen o derivan, sino que preceden a la investigación y la orientan. Son, ellas mismas, junto con las sospechas, los estereotipos y los prejuicios la guía y clave de la lectura de los hechos, dando como resultado una ordenación o “acomodo” de la prueba a la medida.
Esto produce lo que se conoce doctrinalmente como la infalseabilidad preordenada de las acusaciones, con lo cual indudablemente y a pesar del contradictorio y de todas las garantías constitucionales y procesales, se crea el peligro real de una manipulación técnica dirigida a provocar el error judicial, sobre todo frente a jueces poco duchos, diligentes o prejuiciados.
La técnica se torna más perniciosa cuando las investigaciones que realizan ese tipo de fiscales se construyen a partir de publicaciones derivadas de un linchamiento mediático o de la fijación hechos y vinculaciones culpables elaboradas sin ningún control por investigaciones periodísticas especulativas que se asumen a la ligera como ciertas
Esta forma de actuar, lamentablemente ocurrió el pasado 15 de marzo, documentada en una meticulosa nota de prensa publicada en CRHoy, por el periodista Daniel Chinchilla en la que se informó como la fiscal Melissa Quirós Rodríguez, al presentar sus conclusiones en el juicio oral que se sigue contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith, sin ser yo parte de él, manifestó que yo había “silenciado” la denuncia por tráfico de influencias contra Celso para favorecer su nombramiento como magistrado, hecho absolutamente falso, no relacionado y no mencionado en el juicio por ninguno de los testigos.
Hacer referencia a un hecho falso sin relación con el “thema probandum” deja claramente vislumbrar la existencia en la fiscal de un ánimo doloso y una voluntad, indudablemente dirigidos a provocar el escándalo periodístico, calumniarme y difamarme aprovechando para ello la publicidad de sus conclusiones en el juicio oral, la presencia de los reporteros en la sala y la exposición mediática de la que he sido objeto.
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Admiro y respeto a la gran mayoría de fiscales de nuestro país, pero también, con indignación y vehemencia, como costarricense rechazo y denunció públicamente este tipo de manipulaciones rastreras de un grupo de fiscales que rodean a la fiscal general, para complacer a igual tipo de intereses, lo que denota, además de una gran debilidad institucional, un enorme irrespeto a los costarricenses a quienes se les miente descaradamente.
Presentándose como un grupo de fiscales aguerridos y diligentes, en realidad forman parte de una oscura categoría sobre la que el procesalista José Cafferata Nores ya había llamado la atención porque actúan motivados por la idea de que son “fiscales justicieros” y terminan por procurar la justicia “con prescindencia de la ley” (Cuestiones actuales sobre el Proceso Penal. Editores del Puerto s.r.l.,1998, Buenos Aires, p 7.)
Estas notas tienen como finalidad defenderme de un ataque injusto por parte de la fiscal Melissa Quirós Rodríguez, pero sobre todo pretenden dar una alerta sobre el rumbo que lleva el Ministerio Público costarricense.
Creo que ninguno de nosotros deseamos que en nuestro país se burle el Estado de Derecho con investigaciones preordenadas y fiscales justicieros actuando con prescindencia de la ley.