El anuncio apresurado del Ministerio de Salud sobre el fallecimiento de una joven, de 26 años, el 30 de mayo anterior, en la clínica de Guatuso de Alajuela y «relacionado con COVID-19» (así se informó textualmente en un comunicado de prensa) despertó las dudas en la población sobre si la enfermedad verdaderamente causó la muerte de la víctima.
Esta vez, la forma en que la institución redactó el boletín fue diferente a las diez veces anteriores, porque no afirma categóricamente que la mujer haya muerto de coronavirus.
Lo único que especifica es que la prueba dio positiva ante la solicitud que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se la realizaran al cadáver y cuyos resultados de laboratorio procesó el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).
¡Qué Torta! supo que los agentes pidieron que le aplicaran el examen, pues la joven murió súbitamente, algo que les pareció extraño pues ingresó al centro médico con un sangrado vaginal y no presentaba «sintomatología respiratoria», según indicó el reporte de Salud.
La autopsia determinó que la mujer presentaba un edema pulmonar, pero no se ha precisado si este causó la hemorragia o incluso la muerte.
La paciente vivía en Alajuela y el único factor de riesgo que tenía era asma.
Para el patólogo y director del Departamento de Anatomía de la Universidad de Costa Rica (UCR), Maikel Vargas Sanabria, que esta dama portara el COVID-19 no quiere decir que muriera producto de la enfermedad.
Es como si alguien se atreviera a decir que George Floyd, el afroestadounidense que sufrió una agresión policial brutal en Mineápolis, falleció de coronavirus solo por estar contagiado y no por el rodillazo que le propinó un agente por casi nueve minutos.
Vargas indicó que para determinar la causa exacta de muerte de esta joven se deben esperar exámenes histológicos (resultados se obtienen entre 10 y 15 días después de la muerte), neuropatológicos (tardan 15 días) y toxicológicos (duran tres meses).
