La subasta de frecuencias de radio y televisión que cerró la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el fin de semana del viernes 21 de noviembre del 2025, desató decenas de reacciones acaloradas, la mayoría basadas en argumentos falsos replicados por medios tradicionales y digitales.
Para colmo de males, se subieron a la carroza prácticamente la mayoría de candidatos presidenciales que aparecen con algún porcentaje de apoyo en los diferentes estudios de opinión pública.
Ellos también sirvieron de caja de resonancia de mentiras, pero es comprensible, porque su mensaje tiene una connotación electorera con el objetivo de raspar algún voto.
A estas voces se sumaron algunos personajes que salen en televisión nacional, que siendo juez y parte (hay que defender al patrón que les da de comer), sacaron el violín y lamentaron ‘el cierre’ de algunas frecuencias.
En este combo de desahogos apareció el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex – Costa Rica) con una postura indecente usando como un trapo la libertad de expresión para señalar que lo que ha sucedido es una flagrante violación a ese derecho. Nada más patético y atrevido.
Las conjeturas que han surgido a raíz de este proceso dejan con la boca abierta a más de uno: una de las más voladas es que se vienen en manada empresarios extranjeros a hacer fiesta con las frecuencias que, pareciera, por el solo hecho de que alguien las tuvo durante décadas eso le da derecho adquirido de dejársela.
Lo cierto es que la subasta permite precisar varias cosas que siempre han sido una norma en la industria de los medios de comunicación, pero que antes eran o temas prohibidos, o nadie se animaba a tocar, o que constituían un silencio forzado, tanto de empresarios, como de periodistas.
Lo primero que queda bastante claro es que aquella declaración sobre los principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación a diversos aspectos de la sociedad, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en 1978, en la que se establece que la función de periódicos, televisión y radio tiene una connotación de servicio público se perdió desde hace muchos años. En Costa Rica prácticamente desapareció.
Los dueños de los medios ven su frecuencia como un negocio y es que lo es. ¿Cómo entenderlo de otra forma?
Poco les importa la libertad de expresión, les interesa que el negocio sea rentable. Mientras más dinero les quede en la bolsa, mucho mejor. Que lo digan quienes han lucrado por más de seis décadas pagando por una licencia de FM de cobertura nacional ¢60.000 al año, un verdadero ridículo. Y hay medios que salen a decir que se apagan voces, por el amor a Dios.
El cambio de reglas que fija la subasta y los montos por pago de concesiones que, en el mejor de los casos, son por 25 años, representaría una factura de unos ¢9 millones para los actuales licenciatarios cada doce meses por una frecuencia FM de cobertura nacional.
Para una frecuencia de televisión, el pago de la concesión pasa de ¢120.000 al año a ¢37,4 millones al año.
Una radio local, por ejemplo, en la región Huetar norte (San Carlos de Alajuela), pasa de ¢60.000 al año a ¢1,2 millones al año.
Cabe destacar que estos montos son solo por obtener la concesión, pues actualmente hay un proyecto de ley que pretende variar el pago del canon.
Con las nuevas tarifas se actualizan cifras que datan desde 1954 y eso no responde a un cierre de medios. Si al dueño ya no le es rentable una frecuencia y quiere seguir al aire desde una plataforma digital tiene la libertad de hacerlo.
Lo más chistoso de todo esto es que casos como el Iplex, que en su vida ha denunciado los salarios de hambre que reciben los periodistas en los medios de comunicación; las condiciones laborales abusivas, en ciertos casos, en las que algunos trabajan hasta 14 horas y no les reconocen el pago del tiempo extraordinario o la disminución grosera del salario mínimo de los comunicadores como consecuencia de un decreto ejecutivo firmado por el presidente Carlos Alvarado (2018-2022), curiosamente periodista, sale corriendo a defender a los dueños de las televisoras y las radios alegando que están recibiendo un golpe a la libertad de expresión.
Valga decir, un argumento, no solo falaz, sino sin sentido, porque precisamente los tribunales han resuelto, en diversos fallos, que el interés principal de los empresarios es el mercantil.
