Lunes 12 de marzo del 2018. La Corte Plena eligió por primera vez en la historia a una mujer como fiscala general de la República y por unanimidad (con 22 votos).
Emilia Navas Aparicio, de 56 años, llegó esa tarde por mero trámite; desde muchos meses antes sabía que el puesto lo tenía asegurado.
Se echó a la bolsa a diversos sectores claves de la opinión pública, como la prensa. Los medios, los magistrados y los sindicatos del Poder Judicial (los mismos que le exigieron a la Corte, la segunda semana de junio del 2021, que la echara) apoyaron por aclamación que debía ser la sustituta de Jorge Chavarría Guzmán.
Todo estaba tan claro como el agua.
La maquinaria progre interna del Poder Judicial en complicidad con ciertas piezas estratégicas del Poder Ejecutivo y el Legislativo y comunicadores influyentes orquestaron una campaña de desprestigio contra Chavarría, cuyo final llegó el 1.° de diciembre del 2017, cuando se acogió a la jubilación. “Un fiscal que no tenga el apoyo de la Corte no tiene nada qué hacer”, resumió Chavarría, en una entrevista de julio del 2019 con ¡Qué Torta!, por qué tomó la decisión de apartarse definitivamente.
Navas Aparicio asumió el puesto de fiscala general de manera interina desde el 13 de octubre del 2017 ante la decisión de la Corte de separar temporalmente a Chavarría, mientras lo investigaba por el manejo del caso del cementazo.
Ese 12 de marzo del 2018 a la fiscala general le hicieron el pasillo de honor en la Corte Plena. Salió ovacionada después de su juramentación.
Los titulares de prensa eran categóricos. Se venía la fiscala de hierro. Sin lugar a dudas eran tiempos de bonanza y prosperidad en el Ministerio Público; bueno, eso fue lo que le vendieron las autoridades, los medios y los sindicatos a la sociedad.
La gente se compró el discurso.
Muchos esperaban que era cuestión de semanas para que Navas metiera a la cárcel a los involucrados en el cementazo, al expresidente Óscar Arias (por el caso Crucitas), que destapara la hediondez de la estafa Yanber entre otros muchos temas más que estaban en boga en la agenda mediática.
Todos nos quedamos sentados esperando que sucediera algo.
Doña Emilia dejará la Fiscalía el próximo 12 de julio (oficialmente el periodo finaliza el 25 de agosto del 2021), cuando tome más de un mes de vacaciones.
Se va sin pena, ni gloria. Por la puerta de atrás. Se hizo humo. Su salida se precipitó ante el caso de corrupción más grande de la historia por el monto que representa; Cochinilla ascendería a más de ¢78.000 millones de malversación de fondos y no pasó mucho tiempo para que Navas se inhibiera de conocerlo.
Su marido, Francisco Campos Aguilar, es el abogado defensor de uno de los imputados. Ella sumó su octava inhibitoria; también se había apartado de Soresco, Aldesa, ruta 27, entre otros por la misma razón.
Y es que no hay que darle mucha vuelta al tema, aunque hace una semana doña Emilia insistiera en que “al país le conviene que yo esté al frente de la Fiscalía”.
No hay frase más desacertada que esa. El Ministerio Público perdió credibilidad ante esa relación. Lo refuerza Campos en una declaración que le brindó a Telenoticias canal 7, cuando sostuvo que había una “enorme debilidad en la investigación” del Ministerio Público en relación con el caso Cochiniilla.
Es decir, mientras doña Emiilia dirige la Fiscalía, su esposo, como parte de su profesión, descalifica la institución que ella lidera. Enorme contradicción.
Lo que ahora se espera que es la Corte elija, con sensatez, a un funcionario probo y serio como fiscal. No se necesita un paladín de los medios o una pieza política que represente a algún partido, sino alguien que, entre sus posibilidades, haga cumplir la ley con independencia y transparencia.