- Gobierno PAC, de Carlitos Alvarado, alcahueteó a los prisioneros. En esa administración, metieron seis consolas, videojuegos y otros accesorios para que se divirtieran.
Mientras miles de ticos salían todos los días a sudársela, reos del Centro Especializado para el Adulto Joven Ofelia Vincenzi Peñaranda, en San Rafael de Alajuela, cumplían su condena con PlayStations, videojuegos y televisores.
Esa historia se terminó. La Policía Penitenciaria decomisó seis consolas como parte de las nuevas medidas de control impulsadas por el Ministerio de Justicia y Paz, en junio del 2026.
Los aparatos fueron retirados y destruidos tras entrar en vigencia la nueva circular sobre objetos no permitidos dentro de los centros penitenciarios.
Pero hay un detalle que llama particularmente la atención.
Los primeros permisos documentados para el ingreso de estas consolas datan de enero del 2019, mientras que el último permiso localizado corresponde a octubre del 2021, es decir, durante la administración del expresidente PAC Carlos Alvarado Quesada.
Incluso, en enero del 2023, los privados de libertad solicitaron regularizar nuevamente el ingreso de videojuegos, petición que finalmente fue rechazada.
Mano dura
Ahora el panorama cambió por completo. Según el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, las cárceles son para cumplir condenas y no para fomentar el ocio.
Me enteré de que los privados de libertad del Centro del Adulto Joven tenían consolas de videojuegos, televisores y pasaban ociosos. Eso se terminó. Con la nueva directriz retiramos esos aparatos y van a tener que incorporarse al plan Cero Ocio para trabajar y cumplir con su condena. Si quieren ganarse el beneficio del dos por uno, tendrán que hacerlo con trabajo, orden y disciplina”, afirmó el jerarca.
Los privados de libertad ahora deberán incorporarse al plan Cero Ocio, que actualmente mantiene cuatro frentes de trabajo con cerca de 50 personas realizando labores en carreteras, escuelas y espacios públicos.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, estas cuadrillas ya representan un ahorro estimado de hasta ¢600 millones anuales en mantenimiento vial y proyectan un ahorro de hasta ¢17,5 millones en la intervención de siete centros educativos.
Con esta medida, la cartera asegura que continuará eliminando privilegios considerados incompatibles con el cumplimiento de la pena y reforzando una política basada en orden, disciplina, control y trabajo dentro de las cárceles del país.
