Un juez de la República de apellidos Leiva Masís y una familiar de su esposa de apellidos Alvarado Solano serían los soplones de una narcobanda cuya área de acción se establece en el proyecto habitacional Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago y fiscales de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizaron tres allanamientos con la intención de resolver este caso.
En los operativos cayeron a dos viviendas, en Aguacaliente de Cartago, y a una oficina del Juzgado Penal de Cartago.
Las autoridades prensaron a Leiva Masís por el presunto delito de procuración de impunidad y a Alvarado Solano por entorpecer la administración de justicia.
Todo se destapó a partir de la fuga de información de un allanamiento que el OIJ de Cartago llevaría a cabo a inicios de febrero del 2023, cuando todo estaba listo para caer a un búnker y atrapar a los malos.
Las autoridades se percataron a tiempo de que los supuestos soplones regaron el cuento y por eso cancelaron la intervención. Esto originó un seguimiento a lo que sucedió.
Es así como surgió la hipótesis de que Leiva Masís le dio el santazo a la organización.
El juez tenía la responsabilidad de dirigir el allanamiento y está casado con una funcionaria judicial familiar de Alvarado Solano, madre de uno de los sospechosos de la narcobanda que sería descabezada.
La premisa del OIJ se fundamenta en que Leiva Masís habría revelado los datos confidenciales del operativo a otra persona que luego se los pasó de taquito a la mamá de uno de los líderes de la organización criminal para que estuviera en todas y se fugara.
En los allanamientos se decomisaron celulares, equipo de cómputo y documentos. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.
