- Uno de los notables que nombró la presidenta Fernández cuestiona modelo actual y señala que el jefe de la Defensa Pública defendió a los asaltabancos venezolanos que sembraron terror en los 90
El abogado penalista Juan Diego Castro soltó una bomba sobre el sistema judicial costarricense: propone quitarle el control de la Defensa Pública al Poder Judicial y trasladarla a la Defensoría de los Habitantes, en lo que sería un meneón al modelo actual.
Pero su planteamiento no llegó solo. Lo acompañó con una crítica frontal al funcionamiento del sistema y, de paso, con un señalamiento directo contra el actual director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, a quien vinculó con uno de los episodios criminales más violentos de los años 90.
“No puede seguir así”
“Nosotros sostenemos que es malsano que en una misma casa de un pueblo convivan el juez, el defensor público y el fiscal. Eso no puede seguir siendo así”, afirmó.
A partir de esa crítica detalla una reforma concreta: “Hemos planteado un proyecto para que la Defensa Pública pase a la Defensoría de los Habitantes y el Poder Judicial no tenga el control de esa parte”.
El argumento central es que la Defensa Pública, por su naturaleza, no debería estar bajo el mismo techo institucional que jueces y fiscales, sino en un ente que, en teoría, represente directamente a los ciudadanos.
El señalamiento que encendió la mecha
En medio de su exposición, Castro lanzó una afirmación que elevó el tono del debate: señaló que el actual director de la Defensa Pública fue defensor de oficio de los llamados asaltabancos venezolanos, una banda que aterrorizó Costa Rica entre 1993 y 1994.
“Esos angelitos… fueron defendidos aquí, nada más y nada menos que por un defensor público que todavía sigue”, indicó.
Aquella organización criminal, integrada por exmilitares venezolanos, dejó una estela de violencia en el país, con tres personas asesinadas y cerca de un millón de dólares robados, antes de ser expulsados de Costa Rica en junio de 1994, mediante una operación coordinada entre gobiernos.
El señalamiento no es menor, porque apunta directamente a quien hoy dirige la Defensa Pública, en un momento en que se discute precisamente el rol y el alcance de esa institución.
Un sistema bajo cuestionamiento
Más allá del nombre propio, Castro enmarca su crítica en un cuestionamiento más amplio al modelo penal costarricense, al que califica como excesivamente garantista.
Según su criterio, existe una lógica que favorece al imputado por encima de la víctima, lo que, a su juicio, termina debilitando la respuesta del sistema ante el crimen.
Incluso cuestiona el papel de la Defensa Pública en etapas posteriores al juicio: “Hay defensores que tienen un negocio… no solo con el proceso hasta el fallo, sino también en la ejecución de la pena”, manifestó.
Reforma en la mira
La propuesta de trasladar la Defensa Pública a la Defensoría de los Habitantes se enmarca dentro del paquete de reformas que impulsa el equipo cercano a la presidenta electa Laura Fernández, del que Castro forma parte como uno de sus “notables”.
De concretarse, implicaría un cambio profundo en la arquitectura del sistema judicial costarricense.
