El caso de la jueza Kattia Carballo ya dejó de ser un expediente penal para convertirse en un pulso directo dentro del propio Poder Judicial.
Y ahora, con la denuncia pública del abogado penalista Juan Diego Castro, el foco se traslada a otro terreno aún más delicado: la imparcialidad del Tribunal de la Inspección Judicial.
Castro no se guardó nada. En una intervención pública, anunció la presentación de una queja formal contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, por lo que considera una posible violación al artículo 196, inciso 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sanciona el hecho de interesarse indebidamente en un caso o ejercer presión sobre su resolución. El señalamiento es directo.
Según el penalista, Aguirre se adelantó a los hechos al emitir un comunicado oficial el domingo 19 de abril del 2026, en el que atribuyó la agresión contra la jueza a un supuesto desacuerdo por sus resoluciones judiciales, que favorecieron a reos.
Para Castro, ese pronunciamiento no solo fue prematuro, sino que pudo haber condicionado la percepción pública e incluso el curso del proceso judicial.
Y aquí es donde el caso se complica, porque esa narrativa ya empezó a resquebrajarse en sede judicial.
Tal como reveló ¡Qué Torta!, el propio juez penal de Heredia que conoció la causa descartó, en esta etapa inicial, que el origen del conflicto fuera político o relacionado con decisiones judiciales, y lo ubicó más bien en un pleito vecinal por unas mascotas, versión respaldada por la defensa del imputado y, hasta ahora, sin una sola prueba que sostenga la tesis contraria.
Ese contraste es el que hoy pone en el centro del debate a la Inspección Judicial, porque no se trata solo de una queja más. Se trata de determinar si el máximo jerarca del Poder Judicial cruzó una línea que la propia ley le prohíbe.
Castro, además, elevó el tono al señalar que el comunicado de Aguirre habría contribuido a politizar el caso y a alinear a ciertos sectores mediáticos bajo una misma narrativa, en momentos en que la investigación apenas iniciaba y sin que existieran elementos probatorios concluyentes.
El penalista lanzó un llamado abierto. Quien desee respaldar la gestión o plantear su propia inquietud puede dirigir su escrito al Tribunal de la Inspección Judicial, al correo electrónico: inspeccionjudicial@poder-judicial.go.cr
Copie el siguiente texto, lo pega y lo envía a esa dirección:
Ruego se proceda con una investigación para determinar si existe mérito para aplicar el régimen disciplinario para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por lo siguiente:
1. El artículo 196 inciso 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sanciona la conducta de: interesarse indebidamente en un caso judicial que deba ser resuelto en los Tribunales o ejercer presión para su resolución.
2. Como es de conocimiento público el presidente de la Corte suprema de Justicia el pasado domingo emitió un comunicado nacional sobre la ocurrencia de un ataque a una funcionaria judicial, reprochando la agresión y advirtiendo que la misma obedeció a una venganza del agresor por las resoluciones dictadas por esa persona.
3. Impresiona una información sesgada, debido a que la investigación está en manos del Ministerio Público y en apariencia lo comunicado no se ajusta a la realidad de la investigación.
4. Con ese actuar, el Presidente de la Corte, oficializa, presiona y toma partido de una situación que está en investigación en la Fiscalía, con lo cual podría aféctese no solo la investidura de funcionario judicial sino la imagen del Poder Judicial, debido al que el señor Aguirre, ostenta el máximo cargo dentro de la estructura del Poder Judicial.
5. Por lo anterior, solicito se realice investigación para determinar si hay mérito para aplicar el régimen disciplinario.
