El abogado Juan Diego Castro se presentó en la Corte Suprema de Justicia a entregar un documento con 50 consultas al Poder Judicial, que van desde los gastos de los magistrados hasta el tiempo que toma a los tribunales la resolución de casos judiciales y en qué quedan las denuncias penales. El abogado constitucionalista Fabián Silva y el diputado electo de Pueblo Soberano, Antonio Barzuna, lo acompañaron.
“Este documento que traemos es un derecho de petición y respuesta para el Presidente de la Corte (Orlando Aguirre) y tiene 50 preguntas que hemos elaborado minuciosamente”, explicó Castro y dijo que su solicitud “tiende a que nos brinde datos de cómo funciona el Poder Judicial, que tiene 14.000 funcionarios, que nos cuesta miles de millones”.
Una de las preguntas es “¿cuánto cuesta el despacho de un solo magistrado?” y se refiere no solo a su salario, sino también al de sus asesores, choferes, viáticos, computadoras, teléfonos celulares. También está “¿por qué no se ejecuta todo el presupuesto?”. Además, se preguntó cuántos casos terminan en condenas y cuántos jueces han sido sancionados por bajo rendimiento, entre otras cuestiones.
Juan Diego Castro comentó “¿por qué pedimos esos datos? Porque hay un equipo que hemos ido conformando abogados, profesionales de áreas desde las matemáticas hasta las finanzas, desde el derecho hasta el sentido común, que hay muy pocos profesionales en esa materia, para analizar por qué el grupo que tiene agarrada la justicia del pescuezo no deja que haya justicia pronta y cumplida”.
Por su parte, Fabián Silva invitó a los magistrados a renunciar “porque al estar 10, 20 30, 40 años, perdieron su noción, su sentido común de lo que tiene que hacer un magistrado y cómo tiene que limpiarse la Corte Suprema de Justicia. En el tanto y cuanto sigan ellos enquistados aquí, sigan ellos ejerciendo abusivamente su cargo porque son reelegidos gracias al favor político”.
Antonio Barzuna es uno de los diputados electos por la provincia de San José con el Partido Pueblo Soberano (PPSO). Él se comprometió a impulsar una reforma del Poder Judicial e invitó tanto a sus compañeros de fracción como a quienes se quieran sumar desde otras bancadas para discutir el tema a partir de las respuestas a las preguntas que presentaron.
Esta consulta se sustenta en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, los cuales aseguran la libertad de petición a entidades públicas y el libre acceso a departamentos administrativos con propósitos de información. De acuerdo con la Ley de Regulación del Derecho de Petición, el Presidente de la Corte tiene 10 días hábiles a partir del siguiente de recibir la consulta para responder, en este caso hasta el 19 de marzo.
