Un día después de que el Tribunal Penal de Hacienda lo absolvió por duda de dos delitos de incumplimiento de deberes, el exfiscal general Jorge Chavarría se sentó a conversar ampliamente y en exclusiva con el equipo de ¡Qué Torta! sobre cómo celebra el fallo y cómo considera que al fin encontró justicia después de dos largos y oscuros años en su carrera profesional y en su vida personal.
La entrevista se realizó el pasado 27 de junio, en su casa, en Turrúcares de Alajuela.
Chavarría respira con más tranquilidad y siente que la virgen de Guadalupe, fiel devoto a ella, escuchó todas las plegarias de los últimos meses.
Ni siquiera chista en asegurar que fue víctima de una conspiración que se produjo desde el seno de la Corte Plena, donde aún hay magistrados que se prestaron para organizar lo que él llama un “montaje”, en complicidad con medios de comunicación entre los que destaca a CRHoy, Teletica, Semanario Universidad y La Nación.
Suma a esa fórmula a Ottón Solís, exdiputado y representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Uno de los temas en el que más insiste es que el Semanario Universidad se basó en hechos falsos para acusarlo públicamente de ocultar pruebas que implicaban a los exdiputados Otto Guevara Guth y Víctor Morales Zapata en el cementazo.
Ante esa circunstancia considera que se debería investigar al medio por desinformar a la población, sobre todo tomando en cuenta que se financia con fondos públicos.
Chavarría aclaró que nunca conoció el contenido del informe de llamadas de los teléfonos de Guevara y Morales hacia Juan Carlos Bolaños y que él mismo le pidió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Supo de los hallazgos de los investigadores hasta que el director del OIJ, Wálter Espinoza, se presentó a su despacho, en el 2017, para informarle que en la desestimación del caso contra Guevara y Morales había una imprecisión.
Por cierto, le parece extraña esa visita que hizo Espinoza junto con Michael Soto (actual ministro de Seguridad, en ese momento era jefe de Planes y Operaciones del OIJ) y más sospechoso lo que el funcionario gestionó después en el caso.
Habló del exmagistrado Celso Gamboa y expresó que ni él, ni nadie nunca influyeron o lo manejaron en sus decisiones, porque siempre fue un funcionario con un alto rigor ético, a quien al final de sus labores le irrespetaron la independencia, como la que algunos medios insisten en que debe tener Emilia Navas, actual fiscala general.
Esta es parte de la primera entrega de la entrevista:
-¿Cómo resumiría la vivencia de los últimos dos años?
Lo que ocurrió fue parte de una situación política compleja que tiene el país y una politización del Poder Judicial que se ha venido dando en los últimos años y que culmina con la crisis que se da con el asunto del cemento y la separación mía del cargo.
-¿Por qué se jubiló?
Era claro para mí que la Corte no me estaba respaldando y el problema del Ministerio Público costarricense es que el fiscal general depende de la Corte. Y un fiscal que no tenga el apoyo de Corte no tiene nada qué hacer.
-¿De dónde salió la teoría que publicó el Semanario Universidad relacionada con el cementazo que insinúa que Jorge Chavarría se había puesto de acuerdo con el exmagistrado Celso Gamboa, que sabía las actuaciones de la fiscala Berenice Smith y que tenía claro conocimiento con respecto al fiscal Ricky González?
Eso salió de la Corte con las articulaciones políticas que he descrito (la presunta reunión de Silvia Ulloa, directora de CRHoy, con Ottón Solís, en la Asamblea Legislativa, poco antes de entrevistar al exfiscal general Jorge Chavarría).
Esto es muy importante porque separado del caso lo que nos hace ver es una armonización de fuerzas muy perniciosas para el país. Esto puede causar problemas seriecísimos en el futuro, por eso utilizo la palabra conspiración, porque todo parece ser una conspiración.
–Hay ciertos medios que insisten en su amistad con Celso.
Ese es el eslabón que utilizan, porque tenían un elemento dentro de la Corte que los estaba alimentando sobre la significación que eso podría tener penalmente, por eso estoy en el proceso.
En radio se lo dije al politólogo Claudio Alpízar y eso lo utilizaron en el juicio contra mí. Cuando él me pregunta si me considero capaz, la pregunta era malintencionada, porque capaz si me consideraba, pero aproveché la coyuntura para aclararle a la población, en un acto de transparencia, que en ese momento, el 25 de setiembre del 2017, siento que tengo una amistad íntima y que debo excusarme de conocer cualquier caso contra Celso.
Eso era cierto y también que lo conocía desde hace como 20 años, desde el 98. Pero yo digo eso como para explicarle al pueblo, no es una explicación técnica.
–¿Cree que eso fue un error haberlo dicho?
Si hubiéramos estado en una Costa Rica de hace unos años eso habría sido intrascendente, pero ya había una articulación. Por eso esto resulta muy útil y le voy a dar otro dato. Las pruebas que aportó el Ministerio Público contra mí son una grabación del programa de Claudio Alpízar, una impresión de la página web de Once Noticias, una impresión de la página web de CRHoy, que son dos periodistas que comentan el programa de Claudio Alpízar y que dicen que Jorge Chavarría conoce a Celso desde hace 20 años.
El Ministerio Público precisamente articula la acusación presentando como si tuviera tres pruebas independientes, tres entrevistas, y no es así. Eso se lo hicimos ver a la jueza, la única prueba que tienen, prueba entre comillas, es un programa de radio con Claudio Alpízar. Lo que digo es en el marco de una entrevista periodística donde se emiten opiniones.
–¿Es sospechoso o es deficiente lo que hace la Fiscalía al presentar la acusación en su contra?
No es deficiente, es sospechoso y es evidente la mala intención. Porque entonces el Ministerio Público solo presenta la entrevista, a dos medios de prensa que la replican, eso estaba articulado, imprimen las dos noticias, la adjuntan a la entrevista y con eso abren la investigación.
–¿Cómo lo impactó personalmente esta situación?
Terriblemente. Yo tengo que señalar con nombres. Hay actores importantes. Para mí Universidad (Semanario) es una apéndice, no sé, primero yo creo que eso tendrían que investigarlo, que Universidad dé cuentas porque son fondos públicos. El director y los periodistas son pagados con fondos públicos, pero ellos son controlados aparentemente por La Nación, porque todos los periodistas importantes, incluyendo al director, son exNación.
Cuando usted analiza el contexto de la prensa y las publicaciones diarias como que juegan en equipo con La Nación en relación a publicaciones como este tipo que son típicas de guerra política y deterioro de imagen. Eso tiene que investigarse, el rector de la Universidad tiene que responder algunas preguntas con los que tienen que ver con el Semanario Universidad, porque son fondos públicos y están contribuyendo no al progreso del Periodismo, sino a su enviciamiento, porque son publicaciones hechas en un marco que rompe los principios éticos fundamentales. No tiene nada que esto con libertad de prensa, eso es otra cosa.
Eso ha sido muy doloroso para mí, porque como yo soy exestudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) y conocí al Semanario siendo estudiante, incluso publiqué algunos artículos ahí, le guardaba mucho cariño al Semanario, pero el Semanario se transformó. Es una rama de La Nación.
–La desestimación del caso del cementazo se da cuando usted estaba fuera del país. ¿Usted estaba al tanto de ese caso en particular mientras estaba de viaje?
Ese era un caso que parecía ser irrelevante. Era una denuncia anónima que daba unas pinceladas sin datos de precisión de que había un tráfico de influencias de Juan Carlos Bolaños con los diputados Otto Guevara y Morales Zapata. El caso inicial se da de esa manera y que le habían pagado a Otto Guevara y a Morales Zapata.
Me entregaron la denuncia en un sobre cerrado, no iban a decir quién era el denunciante. Entró a la Fiscalía, como anónima. Eso no era nada nuevo, pero cuando entran este tipo de denuncias usted como fiscal empieza a preguntarse cuál es la intención para que sea anónima. Obviamente la persona quiere protegerse porque está diciendo algo que al rato no es tan cierto o tiene algún temor.
La narración que tiene el caso en sí es bastante ambigua. Se inició por el camino correcto. Se pidió el expediente al MEIC, se le ordenó al OIJ que hiciera el control de llamadas, todo eso lo ordené yo y otras diligencias que no recuerdo.
–¿Cómo si usted ordena ese control de llamadas y se lo pide al OIJ por qué le achacan que usted lo tapó?
Aquí lo que ocurre es que todo estaba articulado. Yo salí del país. Lo que sí ocurre en realidad es que el expediente yo lo había discutido con mi asistente, Ricky González.
Él me dijo que ya había revisado el expediente del MEIC, me dijo que reunía todos los requisitos de legalidad y que la decisión que se tomó era fundamentada (la de la apertura del mercado del cemento). Ricky me dijo que no veía ninguna irregularidad. También me dijo que la auditoría interna del BCR había informado que no se presentaba ninguna irregularidad.
No era un informe definitivo, pero sí uno de trabajo de la Sugef, donde se indica que no se vislumbraba ninguna irregularidad, pero que se debía confirmar con un informe posterior. Ese era un elemento importante a valorar.
Yo salí del país y aquí es donde ocurre algo y me parece que debe ser objeto de investigación seria. Aprovechando mi viaje a República Dominicana Ricky le pide a Berenice que firme la desestimación y se presenta a la Sala Tercera con la inconsistencia que tiene.
Siempre dije que estaba de acuerdo con la desestimación con los argumentos que le acabo de dar, jamás iba a estar de acuerdo con una alteración en la fundamentación de la que no participé redactándola ni tampoco me fue consultado.
-¿Qué va a hacer ante todo lo que pasó?
Tengo que esperar que pase la apelación, que es normal que van a presentar, y esperar la resolución del tribunal que espero que sea favorable. Podría ser que por algún error de forma de la jueza se ordene un nuevo juicio. No debería ocurrir. Pero si ocurre yo recurriría a un tribunal internacional, demandaría al Estado costarricense porque ya es muy clara la persecución al fiscal general y todo el montaje que se hizo. Además abunda la prueba, hay cientos de publicaciones en donde queda muy claro, porque los mismos medios se encargan de divulgar ese informe del OIJ y todo lo demás. Habría que tomar una decisión con mis abogados si vamos a proceder o no ya más adelante y contra quién. No quiero enturbiar mi mente con esas cosas, porque estoy sanando heridas y quiero tratar de superar esta fase que ha sido muy difícil para mí y para mi familia.
-¿Alguna se preguntó por qué le pasó todo esto?
Lo único que visualizo es que no le convenía a nadie que estuviera al frente del Ministerio Público porque era un fiscal inmanejable. Nadie me podría controlar, nadie. Yo no respondía a nadie, a ningún magistrado, incluyendo a Celso, a pesar de lo que se está sugiriendo, ni siquiera a él le respondía. Ni al presidente de la República, ni al ministro, ni a ningún diputado.
-¿Fue justo que saliera del Poder Judicial como sucedió?
Jamás. Es la humillación más grande que me han hecho en la vida. Le di más de 40 años a la institución y le di lo mejor de mí. Me dolió y me duele mucho. Es algo que tengo que superar. Consideraba como amigos respetables en el buen sentido, como compañeros de trabajo, a los magistrados, a los jueces. Sobre todo a los magistrados.
-¿Por qué denuncia al Semanario Universidad?
Hablo como ciudadano. Me parece muy, muy sospechoso y reprochable que el personal que está en el Semanario Universidad provenga en gran parte de La Nación. Me gustaría saber cuánto salario está pagándoseles a ellos, porque supongo que La Nación pagaba muy bien. No veo como un ente público, yo que trabajé en uno y que hay que estar pellejeando el cinco para obtener presupuesto, ofrece mejores opciones de trabajo que un medio como La Nación.
Además veo que en las noticias, en la seguidilla de asuntos hay un vínculo directo entre el Semanario y La Nación.
Lo que más me duele en esto, por eso me parece importante lo que estoy diciendo, es que se haya prestado junto con La Nación para desinformar al ciudadano, cuando se supone que un medio pertenece a una universidad pública y que está en un contexto de educación participe con estas prácticas totalmente reprochables basándose en una denuncia de hechos falsos.