El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José despejó el camino del caso Pista Oscura, en el que figuran varias exfiguras claves del gobierno de Rodrigo Chaves, como Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Este viernes 24 de abril del 2026, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que los allanamientos efectuados y la prueba recabada son válidos.
El 13 mayo del 2025, las autoridades realizaron 23 allanamientos como parte de la investigación por la adjudicación por $44 millones, presuntamente irregular, de las obras de remodelación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.
En aquel momento cayeron en las casas del exministro de Transportes, Mauricio Batalla; del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; de Herny Villalobos, ingeniero de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE, y de Marcos Castillo, director de Aviación Civil, quienes quedaron detenidos.
También se efectuaron operativos en la CNE, MECO, entre otros puntos, en donde se obtuvo evidencia importante y de interés para la investigación, que quedó claro que es legal.
Fallo inobjetable
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública rechazó cuatro recursos de apelación interpuestos por la empresa MECO y por algunos imputados del caso.
La notificación del fallo se recibió este viernes, después de que el martes 21 de abril del 2026 hubo una audiencia con las partes interesadas.
En esta causa penal, la Fapta investiga presuntas irregularidades en la inclusión del cantón de Liberia, Guanacaste, dentro del decreto de emergencia, producto de ondas tropicales que se presentaron en el 2022.
Además, se investigan posibles irregularidades relacionadas con la aprobación de cambios indebidos en el proyecto, que modificaron el contrato original para la rehabilitación de la pista de esa terminal aérea.
Estos cambios habrían alterado el propósito de la obra, ya que en lugar de una rehabilitación completa se habría realizado solo un recarpeteo, lo que podría haber generado un perjuicio para los recursos públicos.
En el expediente se investigan a 15 personas y a una persona jurídica, para un total de 16 imputados.
