Una investigación de la Defensoría de los Habitantes encontró graves deficiencias en la administración de proyectos de inversión el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante el periodo 2019-2024. Antes de ese año la institución no contaba con un portafolio de proyectos y la información sobre las inversiones estaba dispersa en fuentes que presentaban diferentes costos y fechas de finalización.
Entre otros detalles, el informe de la Defensoría dice “de 103 proyectos ejecutados en la GAM encontró que 43 presentaban diferencias en sus fechas de inicio, 64 mostraban diferencias en sus fechas de finalización, apenas 5 coincidían plenamente en la fecha de cierre y 22 ni siquiera aparecían en el portafolio consolidado elaborado por la institución”.
En materia de costos, se halló que de 65 proyectos que estaban registrados en el “Listado de ejecución de inversiones 2014-2023”, solo ocho tenían el mismo valor que aparecía en las matrices institucionales 2019-2024. En los demás existían variaciones, no se mostraban los costos o el registro era imposible de comparar.
La Defensoría comparó los recursos destinados a los proyectos de agua potable y saneamiento y cuánto de este dinero realmente se utilizó. Había un total de $525,8 millones en préstamos del del extranjero relacionados con el AyA, de los cuales más de $305,6 millones estaban pendientes de desembolso para el tercer trimestre de 2025.
El AyA ordena la casa
Por otra parte, el informe de la Defensoría de los Habitantes reconoció que el AyA implementó medidas para reducir el riesgo de desabastecimiento como perforación de nuevos pozos, empleo de camiones cisterna, mayor control de pérdidas y conexiones ilegales. También confirmó la ejecución de proyectos de modernización del sistema con diversos grados de avance.
Lourdes Sáurez, presidenta ejecutiva AyA, declaró: “El informe que saca la Defensoría señala temas importantísimos porque viene a demostrar que desde años pasados, hasta el año 2022 el AyA no había trabajado de forma correcta ni de forma trasparente ni de forma acelerada. Tampoco tenía una línea clara de qué proyectos trabajar.
La jerarca agregó que el informe “saca a relucir lo que ya muchos sabemos, que es que el rezago que existe en infraestructura de agua potable y saneamiento es grande y es debido a la ineficiencia de las administraciones pasadas. A partir del año 2022 empieza a trabajar de forma responsable, a poder entender y reorganizar como se trabaja a lo interno de la institución, el resultado es que 2024 se establece un portafolio de proyectos”.
