La bronca por el concurso para escoger a la cabeza de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) sigue creciendo y ya huele feo. A las críticas del diputado oficialista Ariel Mora se sumó la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), que prácticamente destrozó el cartel del proceso y dejó entrever que todo estaría acomodado para favorecer la permanencia de Karen Porras como directora ejecutiva de la organización.
Desde ANAI aseguran que el concurso parece hecho “con regla y lápiz” para calzar con un perfil previamente definido, mientras afuera quedan muchos otros profesionales que podrían optar por el puesto. Precisamente, tanto la agrupación municipalista como el diputado Ariel Mora sostienen que las condiciones del cartel terminan alimentando la sospecha de que el proceso estaría encaminado a perpetuar a Porras en el cargo.
Y ojo al detalle: ANAI no es cualquier grupo tirando piedras desde afuera. Se trata de una organización que reúne alcaldes e intendentes de todo el país y que también forma parte del mundo municipal. O sea, el reclamo viene desde la misma acera de la UNGL, lo que hace todavía más pesado el golpe político y alimenta la idea de que dentro del propio municipalismo hay gente que siente que el concurso viene cocinado.
Uno de los puntos que más levantó sospechas es el peso exagerado que le dieron a la experiencia internacional, algo que, según cuestionan, poco tiene que ver con bretear directamente con municipalidades y gobiernos locales del país.
La cosa no quedó ahí. También denunciaron que el plazo para participar parece una carrera de Fórmula 1: apenas del 18 al 22 de mayo. O sea, prácticamente cuatro días para preparar papeles y aplicar a uno de los puestos más importantes del régimen municipal. Para muchos, eso más bien parece una manera elegante de cerrar la puerta antes de que llegue demasiada gente.
Además, ANAI asegura que recibieron información de que ni siquiera el Consejo Directivo de la UNGL habría aprobado de forma integral todos los requisitos incluidos en el cartel. Por si fuera poco, reclaman que el concurso casi ni se movió en redes sociales, algo rarísimo para un proceso que debería ser totalmente público y transparente.
Otro detalle que encendió las alarmas tiene que ver con el salario. El cartel habla de ¢2,4 millones, pero según los datos reportados ante la Contraloría General de la República, actualmente el puesto estaría rondando los ¢3,8 millones gracias al pago por prohibición. O sea, ni el sueldo termina de calzar del todo.
El diputado Ariel Mora ya había tirado el primer bombazo al señalar posibles “trajes a la medida” dentro del proceso y ahora ANAI se montó en la misma línea. Ambas partes insisten en que el concurso debe revisarse de arriba abajo para evitar que la UNGL termine envuelta en un nuevo escándalo por falta de transparencia.
