- M.Sc. Milton Madriz Cedeño
Politólogo, experto en administración pública y gobernanza
No hubo humo blanco. Tampoco campanas en San Pedro, ni cardenales asomados al balcón. Pero casi. El magistrado Orlando Aguirre anunció que no buscará reelegirse como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
A sus 83 años y después de 62 años de servicio judicial, dejará la Presidencia cuando concluya su período. Conmovedor sacrificio. Solo existe un pequeño detalle: ¡No se va! Continuará como magistrado de la Sala Segunda.
De modo que quizá debamos adaptar el tradicional Habemus Papam a nuestro peculiar ecosistema institucional y proclamar un criollísimo Habemus Magistratum.
Mientras las democracias contemporáneas discuten renovación, evaluación, transparencia, alternancia y rendición de cuentas, en la cúspide del Poder Judicial costarricense sobrevive una particular teología del poder.
La toga se recibe, se conserva y, si nadie reúne suficientes votos para retirarla, termina adquiriendo propiedades casi pontificias.
Aclaremos algo antes de que aparezcan los inquisidores de la corrección política.
No cuestiono la capacidad de Aguirre por tener 83 años. Confundir edad con incapacidad sería intelectualmente miserable. Cuestiono algo mucho más serio.
Un diseño institucional que permite que una misma persona permanezca durante décadas como magistrado de la Corte Suprema de una República. El problema no es Aguirre como individuo. Es Aguirre como síntoma.
Una reelección con vocación de eternidad
El artículo 158 de la Constitución contiene una exquisitez digna de estudio. Los magistrados son elegidos por ocho años y, vencido ese período, se consideran reelegidos por otros ocho, salvo que dos terceras partes de la totalidad de los diputados acuerden lo contrario.
Observe el ciudadano esta maravilla. Una vez instalado, el magistrado no necesita competir nuevamente por su puesto ni demostrar que continúa siendo la mejor opción disponible. Para impedir su permanencia hacen falta 38 votos legislativos. La continuidad es la regla y la salida, la excepción. Ningún otro alto cargo del Estado viaja con semejante piloto automático.
En cualquier sistema moderno de gestión del talento resultaría absurdo sostener que alguien merece continuar indefinidamente en uno de los cargos más poderosos del Estado solo porque no apareció una mayoría suficientemente grande para impedirlo. Ausencia de destitución no equivale a excelencia. Pero en nuestro particular cónclave republicano pareciera que sí.
Entonces, ocho años pueden convertirse en dieciséis, dieciséis en veinticuatro y veinticuatro en treinta y dos, y de allí en adelante lo que el cuerpo aguante. Lo que nació como garantía de independencia corre el riesgo de transformarse en mecanismo de petrificación. La estabilidad institucional es necesaria, pero deja de ser virtud cuando bloquea la circulación de las élites, clausura oportunidades y convierte la experiencia en argumento para la permanencia perpetua.
El erudito Pareto, advirtió que las élites necesitan circular. El sociólogo Michels explicó que toda organización tiende a concentrar el poder en quienes dominan sus estructuras. La Corte no vive fuera de la ciencia política, y mucho menos fuera de la naturaleza humana.
Hasta el Vaticano entendió el relevo
Aquí el símil deja de ser una simple travesura retórica y se convierte en ironía institucional. Los cardenales conservan su dignidad, pero al cumplir 80 años dejan de participar en el cónclave que elige al Papa. Nadie les arranca la púrpura. Conservan el título, el rango y los honores. Lo único que pierden es la llave de la decisión suprema, porque el límite no castiga la trayectoria, acota el poder. El Vaticano, institución que nadie confundiría con una democracia liberal, entendió que incluso la tradición necesita límites y renovación.
En Costa Rica, Aguirre tiene 83 y continuará ejerciendo plenamente como magistrado. La paradoja es deliciosa y, a la vez, inquietante. Hasta el Vaticano parece haber comprendido antes que nuestra República, que el poder necesita fecha de caducidad.
Medio billón y la justicia algún día
No hablamos de una tertulia de juristas. Hablamos de uno de los aparatos institucionales más grandes y costosos del Estado. El presupuesto presentado por el Poder Judicial para 2026 ascendió a 532.837 millones de colones, equivalente al 4,16 % del presupuesto nacional.
Ese dinero, naturalmente, no corresponde a los salarios de 22 magistrados. Financia tribunales, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la atención a víctimas y toda la maquinaria encargada de administrar justicia. Precisamente por eso la pregunta es inevitable. ¿Qué recibe el ciudadano a cambio?
Aquí termina la liturgia y comienzan los expedientes
El Quinto Informe Estado de la Justicia reconoce algunas mejoras recientes en la cantidad de asuntos resueltos y en el volumen de expedientes pendientes. Una crítica seria debe admitirlas. Pero el mismo informe advierte que esas variaciones no representan un progreso sustancial frente a una década atrás y que la duración de los procesos continúa siendo la crítica más frecuente contra el sistema. En materia de delitos sexuales se han reportado promedios cercanos a diez años para obtener una resolución en tribunal. Diez años. La víctima cumple la condena mientras el expediente espera turno.
Una justicia que tarda tantos años no solo llega tarde. En demasiados casos llega cuando la prueba se debilitó, la víctima se agotó o se murió, el acusado quedó suspendido en una incertidumbre interminable y la confianza pública feneció. La mora no es una incomodidad administrativa. Es una forma de denegación material de justicia.
Entonces la discusión adquiere otra dimensión. Independencia judicial no puede significar independencia de los resultados. Autonomía no puede traducirse como ausencia de evaluación. Separación de poderes jamás significó separación de la ciudadanía.
¿Quién vigila a los guardianes?
El Poder Judicial posee mecanismos disciplinarios y órganos de inspección. Sin embargo, cuando se llega a los integrantes de la propia Corte Suprema aparece una arquitectura peculiar. Corresponde a la propia Corte ejercer el régimen disciplinario sobre sus miembros y, si considera procedente revocar un nombramiento, debe comunicarlo a la Asamblea Legislativa para que resuelva.
Traducido del latín jurídico al castellano ciudadano, los guardianes intervienen en la vigilancia de los guardianes. Puede ser legal. La pregunta es si continúa siendo institucionalmente saludable.
Una democracia madura no debe escoger entre dos extremos igualmente peligrosos. No quiero jueces arrodillados ante Casa Presidencial, pero tampoco magistrados instalados en un Olimpo judicial desde el cual toda exigencia de resultados, renovación o rendición de cuentas sea tratada como santo sacrilegio contra la independencia judicial.
La independencia judicial no es un privilegio personal del juez. Es una garantía del ciudadano. Existe para impedir que un presidente, un diputado, un empresario, un partido o un grupo de presión pueda ordenar una sentencia. No existe para convertir al administrador de justicia en un funcionario inmune al escrutinio público.
En una República no existen instituciones sagradas. Existen instituciones necesarias. Y precisamente porque son necesarias deben poder ser examinadas, medidas, criticadas y reformadas.
Los magistrados tampoco son ungidos. Son funcionarios públicos. No reciben sacramentos, reciben salarios. No administran misterios divinos, administran expedientes. Y no responden ante la providencia por sus resultados, sino ante una República cuyo ciudadano tiene derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida.
Abrir las ventanas de la Corte
Costa Rica debe discutir seriamente el modelo. ¿Tiene sentido conservar períodos de ocho años acompañados de una reelección automática y potencialmente sucesiva? ¡A mi juicio, no!
Y no se trata de una ocurrencia tropical. En Alemania, los jueces del Tribunal Constitucional Federal sirven un único mandato de doce años, con un límite de edad de 68 y la reelección expresamente excluida, precisamente para garantizar su independencia. Nótese la inversión.
Allá la independencia exige prohibir la reelección; acá la independencia se invoca para perpetuarla. Colombia adoptó nuestra misma aritmética de ocho años, pero con el verbo al revés. Donde nuestra Constitución dispone que los magistrados se considerarán reelegidos, la colombiana ordena que no podrán ser reelegidos.
Y Argentina, tras soportar a un ministro en su Corte Suprema hasta los 97 años, terminó validando la regla constitucional que exige un nuevo acuerdo del Senado para que cualquier juez continúe después de los 75. Democracias imperfectas, sin duda. Todas entendieron, sin embargo, que la toga no es vitalicia.
Conviene estudiar mandatos únicos y suficientemente largos, capaces de proteger la independencia sin convertir la magistratura en residencia permanente.
También una renovación escalonada de la Corte, procedimientos de selección técnicos y competitivos, audiencias públicas rigurosas, valoración objetiva de trayectoria, integridad, producción jurídica y capacidades gerenciales, además de mecanismos externos de rendición de cuentas que jamás intervengan en el contenido de una sentencia. Independencia jurisdiccional absoluta. Impunidad administrativa, ninguna.
La Corte debe abrirse de verdad al talento jurídico nacional. Ser magistrado no debería representar la canonización natural de una carrera burocrática ni depender de navegar durante décadas por las aguas internas del Poder Judicial.
Costa Rica posee jueces, litigantes, académicos, abogados públicos y privados y especialistas capaces de aportar nuevas perspectivas a una institución que necesita memoria, pero también mucho oxígeno.
Experiencia no es eternidad. Estabilidad no es fosilización. Independencia no es canonización.
Aguirre dejará la Presidencia. Bien. Pero sería intelectualmente pobre reducir el problema a su nombre. Cambiar al presidente de la Corte sin revisar el sistema sería cambiar al cardenal que oficia la misa y dejar intacta la curia.
El problema es estructural. Una democracia que renueva presidentes y diputados cada cuatro años debe preguntarse si resulta razonable que alguien pueda ocupar durante décadas una magistratura gracias a un mecanismo constitucional que convierte la continuidad en regla y la no reelección en excepción. No porque una persona de 83 años sea necesariamente menos capaz que una de 50, sino porque ningún puesto público debe confundirse con su ocupante, y que eso quede claro.
El filósofo político James Madison desconfiaba del poder porque los hombres no somos ángeles. Más de dos siglos después seguimos sin serlo. Ni siquiera cuando usamos toga.
Costa Rica necesita una Corte fuerte, independiente, moderna y sumamente respetada. Pero el respeto institucional no se decreta. Se gana con resultados y ejemplo. Que circule el poder. Que entren nuevas generaciones. Que compitan las mejores mentes jurídicas del país. Y que quienes ocupan las magistraturas recuerden una verdad elemental de cualquier República.
La silla desde la cual administran justicia pertenece única y exclusivamente al ciudadano y al Estado, no a quien circunstancialmente se sienta en ella.
Costa Rica necesita una Corte Suprema. No un Sacro Colegio. Y mucho menos magistrados ad aeternum.
