El golpe de Estado que anunció Pedro Castillo, expresidente de Perú, en las primeras horas del miércoles 7 de diciembre del 2022, desató una reacción en cadena en su contra que causó su caída ante la justicia.
Horas después de transmitir un mensaje, a través de las redes sociales y por cadena de televisión, en el que disolvió el Congreso, salió del Palacio de Gobierno y se dirigió hasta la Prefectura de la Policía Nacional, en Lima, donde quedó detenido, informó la prensa local.
Castillo también había decretado toque de queda y ordenó la elaboración de una nueva Constitución Política.
El medio más influyente del país, El Comercio, lo señaló de dictador.
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De acuerdo con agencias internacionales, el Parlamento citó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para que asuma la presidencia de inmediato.
Tanto la oposición, como ministros y altos funcionarios del Gobierno consideraron la postura de Castillo como una grave amenaza a la democracia.
Incluso, quienes ostentan cargos en la administración presentaron sus renuncias en el acto.
Boluarte, por ejemplo, se desmarcó de Castillo y calificó abiertamente estas decisiones de “golpe de Estado”, consignó el diario barcelonés La Vanguardia.
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Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) emitieron un comunicado conjunto dando a entender que el presidente no tiene motivos para disolver el Congreso y que, por tanto, ambas instituciones armadas se posicionan contra cualquier ruptura del orden constitucional.
Castillo, un outsider izquierdista que llegó al poder hace apenas un año, ha tomado esta decisión horas antes de que este miércoles debiera comparecer ante el Congreso para afrontar el tercer impeachment de su mandato.
No obstante, los diputados desoyeron al mandatario e iniciaron igualmente la sesión para proceder a la destitución de Castillo, llevándola a cabo por amplia mayoría: 101 votos a favor de la destitución, 6 en contra y 10 abstenciones.
El mandatario hizo el anuncio mediante un mensaje a la Nación, donde ha asegurado que su intención es “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”. Castillo advirtió que mientras tanto “se gobernará mediante decretos ley”.
El mandatario justificó la extrema medida “en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país”, anunciando un “gobierno de excepción”, de manera “temporal”.
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“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, citó La Vanguardia.