El proyecto de Ley Jaguar que el Poder Ejecutivo quiere que vaya a referéndum bien con la aprobación de los diputados o el permiso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recoger firmas, se encuentra con oposición decidida de la contralora Marta Acosta y al ministro de Comunicación a cargo de su defensa.
La Ley Jaguar propone reformas a la Contraloría General de la República (CGR), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) a la Ley de control interno y a la Ley de contratación, que desbloquearían proyectos como Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.
A Marta Acosta se le consultó en la Asamblea Legislativa sobre el proyecto y declaró “el panorama es bastante claro: se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses”.
“Eso es justamente lo que pretende el proyecto de referéndum: que obras públicas se puedan contratar a dedo, que no se registre deuda pública, que no se pueda alertar de una ilegalidad evidente en un proyecto, que una denuncia o auditoría no pueda derivar en la prevención de un acto irregular o de ineficiencia, entre otros efectos visibles”, opinó Acosta.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, dio la reacción del Gobierno a lo que dijo la Contralora. “Ella miente descaradamente porque está acostumbrada a que ha venido tratando de hacer lo que ha querido. Esto tiene una razón muy simple de ser: la Ley Jaguar viene a clarificar las competencias para que la Contraloría no pueda administrar, y eso es lo que posiblemente incomoda a doña Marta Acosta”.
Rodríguez agregó que el proyecto “no tiene ninguna tentativa para disminuir las competencias de la Contraloría, más bien queremos fortalecerla justamente para que no tenga discrecionalidad de escoger que casos sí y que casos no investiga, sino que tenga que investigar todos los casos porque queremos que haya compromisos con el uso de los recursos públicos”.
Este es otro episodio de los enfrentamientos entre la Contraloría y el Poder Ejecutivo, que ha visto muchos proyectos de bloqueados por causa de esta institución. Marta Acosta expresó “calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”.
