Un grupito de alborotadores estudiantiles de la Universidad Nacional (UNA) se adueñaron de una de las vías más importantes del centro de Heredia.
Este lunes, esa calle cumplió cinco días de estar cerrada por un bloqueo que lideran los alumnos que protestan por el redireccionamiento de una parte del FEES a la inversión de capital (infraestructura) y restringe el uso de ¢35.000 millones en gasto corriente (becas y salarios).
El gobierno de Carlos Alvarado se arrodilló ante las protestas y permitió que el movimiento viole la ley (obstrucción de la vía pública).
El artículo 263 bis del Código Penal es preciso e impone una pena de diez a 30 días de prisión “a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes”.
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El argumento de las autoridades en boca de la ministra de Comunicación, Nancy Marín, es que el Ejecutivo no desea entorpecer el diálogo mediante “la acción del uso de la fuerza” y más bien fija sus esperanzas en que pronto hallen una solución.
Mientras tanto, los demás mortales deberán sufrir un caos vehicular espantoso en el centro de la Ciudad de las Flores.
Estudiantes de las universidades estatales organizaron una gran marcha hacia Casa Presidencial, en Zapote, este martes, a partir de las 9 a. m., para defenderlas “de los recortes y restricciones presupuestarias impulsadas por el Ministerio de Hacienda”, justifica el grupo.