En lo que va de 2022 se cuentan 822 homicidios en Costa Rica, muchos relacionados con el sicariato. En abril el Poder Ejecutivo presentó cinco proyectos en materia de seguridad a la Asamblea Legislativa que se quedaron ahí sin avanzar. Al Gobierno se le terminó la paciencia y ordenó desconvocarlos y que sean solo los diputados quienes propongan las leyes para combatir el crimen organizado.
El presidente Rodrigo Chaves aprovechó la presentación de la Política Nacional de Seguridad para ordenar a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, “que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el poder Ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas”.
“Hicimos lo que nos correspondió con seriedad, prontitud y responsabilidad, pero nada les pareció correcto, nada les pareció viable, y se sentaron nueve meses. Ahora les pasamos la bola, única y exclusivamente a ellos, no les vamos a decir cómo jugar”, aseguró el mandatario.
Chaves dio a entender que los diputados van a tener que ponerse las pilas con el tema de la inseguridad porque “ahora les tocará asumir de este momento en adelante la responsabilidad política ante los ciudadanos de generar un marco jurídico que pare esta guerra y este desangramiento”
Dijo también que en las conferencias de prensa de los miércoles el Gobierno reportará los asesinatos que la Policía considere consecuencia de las leyes débiles del país o las malas decisiones de los jueces.
El Poder Judicial tampoco se libró de las críticas de Rodrigo Chaves, quién declaró “nuestro sistema judicial es enfático en defender los derechos de los criminales” y continuó, “Costa Rica no puede ni debe continuar con sentencias débiles con la esperanza de recuperar a quien ya perdimos en nuestra sociedad”.
“Nosotros estamos en época de defender acciones contundentes y dejar de defender a los delincuentes sobre las víctimas”, concluyó.
