El gobierno frenó el aumento salarial para el sector público, excepto el de los policías, como medida urgentísima ante la crisis económica que deja el brote de coronavirus en el país.
Así lo anunció la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, en Zapote.
En diciembre anterior, las autoridades aprobaron un ajuste anual de ¢7.500 para 125.723 funcionarios pertenecientes al régimen del Servicio Civil. Quienes tienen un salario base máximo de ¢300.000 recibirían un beneficio adicional de ¢1.250, en total ¢8.750.
En ese acuerdo quedaron de lado los funcionarios que cuentan con una base salarial igual o mayor a ¢750.000.
La decisión le generará un ahorro de cerca de ¢1.000 millones al Estado.
“En momentos en que los funcionarios realizan esfuerzos extraordinarios, tesoneros e incluso más allá de su horario para combatir la emergencia, agradecemos profundamente la mística y solidaridad.
“La prioridad es la salud y el resguardo de la vida. Trabajamos por aplanar la curva epidémica para reducir la frecuencia de contagio, la presión sobre los servicios hospitalarios y proteger a nuestras personas servidoras públicas, sobre todo a quienes tienen factores de riesgo.
“Nos corresponde también hacer un esfuerzo para contar con más recursos para la atención hospitalaria y para proteger a quienes hayan visto afectada su situación económica a raíz del COVID-19. Unión, solidaridad y fortaleza serán clave para superar este desafío”, indicó Garrido.
A los policías rasos se les aprobó en diciembre un aumento de ¢19.000 mensuales, que comenzó a aplicarse en enero del 2020.
Quinta parte en las oficinas
El gobierno anunció otra acción para contener el gasto en el sector público y es la de mantener como máximo a una quinta parte de los funcionarios (un 20%) en las instituciones.
Mediante una directriz, se ordenó el establecimiento de un plan de servicio básico de funcionamiento, de manera que se garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias.