El gobierno de Carlos Alvarado cedió ante la presión de los rectores y los estudiantes de las universidades públicas.
En una reunión que se alargó por cinco horas, las autoridades acordaron respetar la autonomía establecida en la Constitución Política para las instituciones.
Esto quiere decir que se garantizará que no se deben dar clasificaciones de partidas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que no hayan sido aprobadas por las universidades de manera autónoma.
Para el 2020, el FEES subió un 2,32% para un monto total de ¢512.781,51 millones.
“Este acuerdo es una muestra de cómo en un país como el nuestro autoridades universitarias, representación estudiantil y Gobierno pueden llegar a acuerdos para resolver sus diferencias a través del diálogo”, aseguró Víctor Morales, ministro de la Presidencia.
Los reclamos de los académicos se fundamentaron en que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa restringió el uso de ¢35.000 millones del FEES en gasto corriente (becas y salarios).
Esto desató la furia de los jóvenes que pintaron paredes de las casas de enseñanza, se adueñaron de calles principales y se enfrentaron con policías.
Para cerrar con broche de oro, Alvarado firmó un decreto que incluye la participación de los estudiantes en la Comisión de Enlace entre universidades y Gobierno.