Los cinco funcionarios que trabajaban en la “upadcita”, en el oficentro Langer, contiguo a Casa Presidencial, en Zapote, utilizan las mismas computadoras con las que hacían estudios de opinión pública a través de sondeos telefónicos.
Así lo confirmó la oficina de prensa de Presidencia a través de diversas consultas que planteó ¡Qué Torta! por correo electrónico.
El gobierno reubicó en la sede principal del Ejecutivo a Elioth Montero Quirós, Jorge Madrigal Gómez, Lucrecia Cecilia Méndez, Priscilla Quirós Salazar y Cristian Navarro González en los siguientes departamentos: servicios generales, recursos humanos, proveeduría y dirección general.
“Desde el 28 de febrero se inició un proceso de traslado y reubicación de los funcionarios que señala. Particularmente, se formalizó el traslado el 5 de marzo del 2020. Esta decisión se toma pues desde el 25 de febrero se suspendieron las labores del equipo de datos y por tanto, ya no había responsables de procesar las respuestas obtenidas y de construir los cuestionarios a consultar”, detalló Presidencia.
Este medio preguntó sobre la ubicación de los ordenadores. “Fueron trasladados con ellos a las distintas áreas de trabajo en las que se reubicaron”, respondió Presidencia.
La “upadcita”, como la bautizó el diputado socialcristiano Rodolfo Peña en Plenario legislativo, era un brazo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), según denunció el legislador.
Casa Presidencial confirmó que quienes escarbaban datos (Diego Josué Fernández Montero, coordinador; y los economistas Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Eduardo Villalobos Villalobos) “eran los encargados de suministrar los cuestionarios a los funcionarios de realizar las llamadas y de procesar la información que se obtenía”.
Desde Zapote insistieron en que los operadores del “call center” del oficentro Langer nunca tuvieron acceso a datos sensibles, que los números a los que llamaban se generaban de forma aleatoria gracias a un método que aplicaban a través de Excel y basados en unos intervalos establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (están en un documento en la página web) y que nunca les preguntaban información personal a los entrevistados como: nombre, cédula, dirección exacta, “ni mucho menos información financiera específica, por lo tanto, se desconoce la identidad de la persona entrevistada”, aseguraron las autoridades.
Presidencia agregó que no quedaba registro de la llamada y se reservó precisar qué preguntaban con exactitud en las llamadas y las respectivas respuestas de los consultados, debido a que toda la información del equipo de análisis de datos “fue secuestrada por la Fiscalía General, nos abstenemos a referirnos al amparo del artículo 295 del Código Procesal Penal”.
Cuando llamaban, los funcionarios se presentaban como trabajadores del Gobierno de Costa Rica y se identificaban con su nombre.
Las autoridades aclararon que ningún personal de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) está destacado en el oficentro Langer, que este cuerpo policial presidencial sí tenía conocimiento del equipo de centro de llamadas, “pero no tenía ninguna vinculación con las labores de ese equipo”.
Fernández Montero, Madrigal Rivas y Villalobos Villalobos ya no son parte del gobierno y tienen causas abiertas en el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad y violación de datos personales.