La diputada del Partido Restauración Nacional Floria Segreda Sagot está metida en un enredote con la Fiscalía General de la República.
Las autoridades la investigan por el presunto delito de tráfico de influencias cometido en febrero anterior, de acuerdo con la información oficial.
Al parecer, Segreda se habría valido de su cargo para pedirle al director financiero de la Asamblea Legislativa, Mario Delgado Umaña, “que no ejecutara un embargo a su salario, el cual había sido ordenado previamente por los Tribunales de Justicia.
“Con dicha orden, ella habría logrado recibir su salario íntegro en ese mes. El embargo tiene relación con un conflicto tramitado en la vía civil por la venta de una propiedad”, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público.
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La legisladora afirmó afuera de su despacho a los medios de comunicación que no sabía porqué le estaban allanando la oficina y en cuanto al caso del no rebajo del embargo manifestó que el funcionario le comunicó que no se podía hacer “porque ya se habían mandado las planillas de los diputados a Hacienda”.
Agentes del OIJ y fiscales allanaron la oficina de Segreda y la Dirección Financiera del Congreso con el objetivo de recopilar pruebas en el caso, que se tramitan en el expediente 19-000021-033-PE.
La fiscala general, Emilia Navas, encabeza la acción judicial porque así lo determina la ley cuando se trata de una persona que cuenta con inmunidad o fuero especial.