El expresidente de la República Óscar Arias Sánchez se libró definitivamente de enfrentar un juicio por el delito de prevaricato en el caso Crucitas.
El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, con sede en Montelimar, Goicoechea, dictó la suspensión definitiva del proceso en contra del exmandatario por prescripción, tal y como otra jueza del Juzgado Penal de Hacienda había determinado en febrero del 2019, una decisión que apeló el Ministerio Público.
En agosto del 2018, la fiscala general, Emilia Navas, acusó a Arias por incurrir en un supuesto acto ilegal al firmar un decreto que declaró de interés público el proyecto minero en Cutris de San Carlos.
El escándalo generó polémica desde que el exfiscal general Jorge Chavarría archivó el expediente al considerar que el expresidente no había tenido una conducta criminal y no se debía elevar a juicio, pues simplemente se limitó a completar un trámite de rigor administrativo (como era firmar) sin que participara de la elaboración del estudio que realizó el Ministerio de Ambiente y Energía.
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“¿Me voy a ensuciar las manos cometiendo un delito con esa cosa que llama teoría de la conspiración? Yo soy el que conspiro con funcionarios del Minaet a quienes no conozco por supuesto, ningún presidente conoce a los funcionarios de los ministerios, un plan para delinquir. ¿En qué mente cabe?”, expresó Arias ante la prensa.
El jerarca de la institución en aquel momento (2008), Roberto Dobles, recibió una condena del Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea de tres años por prevaricato en enero del 2015 por el caso Crucitas.
A él se le otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena (era la primera vez que se le sentenciaba por un delito y por una sentencia menor). La justificación que dio en esa ocasión la jueza Mercedes Muñoz es que Dobles emitió un decreto de conveniencia nacional que era ilegal.
En diciembre del 2015, el Tribunal de Apelación anuló esa sentencia y ordenó un nuevo juicio, que aún está pendiente.