El pulso que se echa el gobierno con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) sumó otro capítulo este viernes 1.° de setiembre del 2023.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) escarbó el Conassif ante la denuncia que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) interpuso contra la superintendenta de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, por resistirse rotundamente a entregar información de las deudas que mantienen los clientes con el sector bancario.
El Ministerio Público precisó que el caso se investiga bajo el expediente 23-000107-1218-PE por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la hacienda pública y su intervención va en la vía de obtener pruebas.
La petición del BCCR va orientada a que estos datos vayan acompañados de los números de cédula de las personas.
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Y el objetivo de dicha institución es generar nuevas estadísticas para conocer el nivel de endeudamiento de los hogares, riesgos geográficos y medir la eficacia de la política monetaria.
Este “atrevimiento”, así lo interpretan numerosos grupos del sector financiero costarricense, ha desatado una ola de críticas y que organizaciones brinquen como: la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) y sigan sumando. La lista es larga.
Este pleitazo legal tiene origen en el acuerdo que tomaron los miembros del Conassif, el martes 15 de agosto del 2023, cuando aprobaron una moción para pronunciarse contra, precisamente, la denuncia que el Banco Central le metió a Aguilar.
Ese texto lo aprobaron por mayoría los miembros del Consejo; en él también se especifica pedirle al presidente ejecutivo del BCCR, Róger Madrigal, que la retire.
El argumento que sostiene el Conassif, la Sugef y los demás grupos de interés que los respaldan es que no sueltan la información porque contiene “datos sensibles”.
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“Esto pese a que la Sugef no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por parte de la Sala Constitucional”, especificó la Fiscalía en un boletín de prensa.
Lo curioso del tema es que, por ejemplo, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) sacó los dientes y presentó un recurso de amparo contra el BCCR por solicitar información que se considera “sensible”.
Entonces, si los banqueros consideran que esto es inconstitucional y que la información contiene detalles “sensibles” de las personas, ¿por qué la Sugef sí puede tener acceso a ella? ¿No estaría aparentemente violando también la privacidad de la gente?
¿Habrá temor entre los banqueros por los “datos sensibles” o por lo que digan los “datos sensibles”?
“La investigación busca establecer, con base en la evidencia, si miembros del consejo directivo del Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delitivos”, agregó el comunicado oficial.
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Aguilar se ha visto involucrada en diversas polémicas en los últimos cinco años. Se caracteriza por ser una mujer que está del lado de los bancos.
Fue ministra de Hacienda en el gobierno de Carlos Alvarado, del que salió abruptamente en octubre del 2019, cuando la Contraloría General de la República (CGR) recomendó sancionarla 30 días por pagar deudas públicas sin tener contenido presupuestario.
En julio del 2020, siendo superintendenta de Pensiones, pidió cambios en el proyecto de ley para el retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Por eso fue cuestionada, pues la reforma que pretendía que pasara establecía que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) le enviará toda la información que se requiriera a la Supén. Algunos consideraron que eso implicaba el traslado de datos confidenciales.