La fiscala general, Emilia Navas, acusó ante los tribunales de justicia al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas; a su esposa, de apellidos Suárez Aguiar, y a siete personas más por el otorgamiento irregular de dos préstamos, que juntos suman $10 millones, bajo el concepto de compra de cemento chino.
El Ministerio Público informó que las nueve personas enfrentan causas por los delitos de influencia contra la Hacienda pública y falsedad ideológica.
El resto de imputados son: Rojas Segura y Cortés Zúñiga (gerentes de Sinocem), Bogantes Brenes (analista de crédito del Popular), Gómez Barrantes (ejecutivo de Negocios Corporativos del Popular), Delgado Negrini (jefe de División de Banca Institucional del Popular), Thompson Camacho y Arias Silesky.
Navas reveló que Bogantes y Gómez (funcionarios del Popular) habrían acordado con Bolaños en “ser socios comerciales en la venta de cemento importado de la República Popular de China, mientras se tramitaba el análisis y aprobación del crédito bancario”.
Las autoridades informaron que los nueve sospechosos “habrían dirigido acciones para lesionar intereses patrimoniales de la Hacienda y del interés público, a través de la apertura de una línea crediticia para la empresa Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, para importar y comercializar cemento chino”.
Bolaños recibió el primer préstamo del Popular, por una suma cercana a los $5 millones, en el 2015, y luego la institución lo refinanció con otros $5 millones en el 2017.
A pesar de que el empresario mantuvo su primer crédito en mora calificó para el refinanciamiento.
Bolaños permanece bajo arresto domiciliario por el caso del Cementazo. En total, recibió préstamos del sistema bancario nacional por cerca de $40 millones.
“En apariencia, los funcionarios públicos acusados analizaron y recomendaron este producto financiero, a pesar de que conocían que dicha empresa no tenía la capacidad suficiente para atender las obligaciones de pago”, expresó la fiscalía.
Al parecer, con los préstamos no se importó cemento.
