La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, aseguró que cuentan con la capacidad para determinar si alguien borró pruebas de los equipos electrónicos que decomisaron como parte del caso que se investiga por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Son al menos 18 aparatos que permanecen bajo custodia del Ministerio Público, entre ellos, dos teléfonos (uno personal y otro de trabajo) del presidente, Carlos Alvarado Quesada, además de una computadora que tenía en el despacho. Al ministro de la Presidencia, Víctor Morales, también le quitaron un teléfono (alegó que es el que siempre ha usado) y una computadora.
“Esos rastros (borrar evidencia) también quedan en caso de que se haya hecho”, afirmó Navas.
La funcionaria indicó que no hay evidencia “de que se haya eliminado información de las computadoras o dispositivos electrónicos que tenemos secuestrados. Se va a determinar cuando se haga el respaldo formal, apertura de evidencia y se nos dé la información de Delitos Informáticos del OIJ”.
- Publicidad -
Delitos investigados
Navas Aparicio precisó los delitos por los que se investigan al mandatario y a su equipo.
La Fiscalía General abrió causas por prevaricato, de acuerdo con el artículo 357 del Código Penal, que sanciona al funcionario que dicte una resolución contraria a la ley, contra: Carlos Alvarado Quesada, Víctor Morales Mora y Luis Daniel Soto Castro (ministro interino de Planificación).
Mientras que se les sigue procesos por abuso de autoridad y violación de datos personales a los siguientes funcionarios:
- Miembros de la UPAD: Diego Fernández Montero (coordinador), Alejandro Ismael Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos.
- Al comisionado ad honorem de Asuntos LGBTI de Casa Presidencial, Luis Salazar Muñoz (asesor jurídico del decreto que formó la UPAD).
- A la directora de Despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
Prioridad por prescripción
El Ministerio Público le dará prioridad especial al caso UPAD por el tiempo de prescripción, que en este caso es de tres años, pues se ajusta a la pena de cárcel que se establece en la ley.
Si la investigación concluye y los fiscales encuentran elementos suficientes podrían pedir que se indague al presidente Alvarado, al ministro Morales o al ministro interino Soto.
- Publicidad -
Navas debe solicitarlo a la Sala Tercera de la Corte, los magistrados valorarán enviar el pedido del levantamiento de la inmunidad (si es que los funcionarios aún se encuentran en el cargo) a la Asamblea Legislativa; una vez en el Congreso y por mayoría calificada (38 votos) los diputados aprobarían quitarles el fuero y devolver el caso resuelto a la Sala Tercera.
Quienes tienen la facultad de indagar al presidente o ministros son los magistrados de la Sala Tercera; luego de eso el tema seguirá su curso y se determinará si se eleva a juicio o no.
Esta es una vía que podría tardarse un poco menos de dos años.
Revolcaron carro de Presidencia
La fiscala Navas confirmó que los agentes revisaron un carro del Ministerio de la Presidencia en el que viajaba el presidente Alvarado. La intención era revisar si había algún aparato electrónico. La funcionaria no confirmó si hallaron algo.
El fiscal José Pablo Miranda explicó que la información que se utilizará de las computadoras y celulares que decomisaron en el caso UPAD será la que esté relacionada únicamente con ese tema. Otros datos ni siquiera serán tomados en cuenta.
- Publicidad -
Además, precisó que también sacaron datos de respaldos de los servidores que hay en Presidencia, en Zapote, y que harán cruces de información por si en algún lado falta algo.
Las autoridades garantizaron la confidencialidad en el manejo de los equipos que decomisaron.
Si algún ciudadano quiere ser parte ofendida en el caso debe probar que sus datos fueron utilizados.