La judicialización de la política es un término extraño para la ciudadanía, pero ampliamente conocido entre quienes sondean el campo minado electoral.
Es un arma utilizada por rivales de cualquier partido (hasta dentro de su propia tendencia) para descalificar, señalar, estigmatizar y hasta condenar a cierto personaje con aspiraciones o fuerza suficiente para seducir a la población.
Y en este agitado mundo instituciones que tienen por objetivo investigar hechos o actuaciones que podrían haber incurrido en algún delito son instrumentalizadas para ganar simpatizantes.
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, reconoció, en entrevista con ¡Qué Torta!, que hay personas que podrían utilizar de esa forma al Ministerio Público, pero que por su principio de “objetividad” las autoridades no caen en el juego.
“Nosotros actuamos con objetividad y no nos vamos a prestar para ser instrumento político de ninguna manera. No nos vamos a prestar para ese tipo de casos y sé que podríamos ser utilizados de esa manera perniciosa por alguna persona, pero nuestra función y el principio de objetividad no nos lo permiten”, expresó a este medio.
Díaz aclaró que el deber de la Fiscalía es recibir denuncias, analizarlas y resolverlas, eso sí, siempre apegado al derecho.
