El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, expuso que solo dos denuncias penales en contra del expresidente Rodrigo Chaves por supuestos delitos cumplían con los requerimientos para una acusación formal. Dado que Chaves ocupa actualmente dos carteras de ministro, sería necesario levantar su inmunidad para poder llevarlo a juicio.
Al ser consultado sobre el avance de estas denuncias, Díaz respondió: “No tengo casos de salida. Se han desestimado la mayoría y solo dos acusaciones hemos formulado contra él”. Según datos del Ministerio Público Rodrigo Chaves acumula 121 denuncias, de las cuales 42 continúan en investigación.
El Fiscal aclaró que existe un procedimiento para levantar la inmunidad del ministro de la Presidencia y de Hacienda en “el caso del financiamiento paralelo, que estaba ya con una formulación de acusación, y que también por la falta de magistrados suplentes no se ha podido conocer en Corte Plena”.
La magistrada presidente de la Sala Tercera, Patricia Solano, dio más detalles sobre el caso del financiamiento de la campaña electoral de Chaves en 2022: “En esto hasta que se designe al menos un magistrado suplente de la Sala Constitucional, se podría integrar el tribunal de Corte Plena para conocer el asunto. Entonces, de eso depende”.
Solano declaró: “En esto siempre somos claros. Al igual que hicimos con la acusación anterior, que presentó en el caso Cariñitos el Ministerio Público, la Corte Plena cumple su función de dar una recomendación al Poder Legislativo. Qué se haga aquí y cuál es la decisión que se tome es un tema político que es a otros operadores a quienes les corresponde hacer la crítica y, en este caso, creo que es a los ciudadanos”.
El proceso para levantar la inmunidad de un funcionario electo requiere de los votos de al menos 38 diputados de la Asamblea Legislativa. En el año 2025, hubo dos intentos de aplicarlo en contra del entonces presidente Chaves y ninguno tuvo éxito. Ahora que el oficialismo cuenta con 31 legisladores, un tercer intento se vislumbra imposible.
Los dos casos
El caso Cariñitos parte de un supuesto contrato de servicios de comunicación, hecho a la medida de la empresa RMC La Productora S.A. por $400.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A cambio, el empresario Christian Bulgarelli debía depositar $32.000 a Fernando Cruz, conocido como Choreco, jefe de campaña de Chaves.
El caso del llamado financiamiento paralelo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) afirma que durante la campaña electoral de 2022 el partido de Rodrigo Chaves reportó el uso de sus fondos, pero también mantenía estructuras de financiamiento que no se reportaron al TSE. Presuntamente, con estos fondos se habrían pagado millones en alquileres y publicidad.
