Unos 29 trabajadores de empresas privadas habrían obtenido pensión anticipada utilizando una certificación falsa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El fiestón se dio entre octubre del 2019 y el 8 de setiembre del 2020, lapso en el que los funcionarios recibieron plata del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) por una supuesta pensión de invalidez, gracias a toda una red de “patas” en la Caja, el Banco Popular (BP) y el Banco de Costa Rica (BCR).
Por ese caso, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realiza este lunes 8 de mayo del 2023 18 allanamientos y detiene, hasta el momento, a ocho personas.
Estas acciones judiciales se desarrollan en casas ubicadas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Desamparados, Guadalupe y Puntarenas.
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También hay operativos en oficinas del BCR, Banco Popular y la Caja.
En los allanamientos las autoridades detuvieron a ocho personas de apellidos Angulo Sandí, Tencio Zúñiga, Guevara Calderón, Ramos Barboza, Marín Otárola, Díaz Caruzo, Rojas Fuentes y González Carrillo.
Además de las capturas, el Ministerio Público busca prueba física y electrónica, para incluirla en el expediente de la investigación que se efectúa por los presuntos delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso.
Red de delincuentes
Según la Fiscalía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibió una denuncia sobre un extrabajador de una empresa privada que le dijo a algunas personas que tenía un contacto con el Banco Popular para agilizar la entrega del Régimen Obligatorio de Pensiones.
También recibieron informes acerca de posibles retiros del ROP, de forma anticipada y con una certificación aparentemente emitida por la CCSS.
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“Tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 08 de setiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez”, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Supuestamente, con ese documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado.
El caso se mantiene en investigación, dentro del expediente 20-024657-0042-PE.
La Caja indicó que colabora con las autoridades judiciales en los allanamientos que se realizan.
“De acuerdo con lo que la Institución ha conocido se trataría de investigaciones contra algunos funcionarios y con relación a hechos de años anteriores y que involucran a otras instituciones y procesos adicionales a la CCSS”, aseguró la CCSS.
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