Más de ¢35.000 millones que el Banco Nacional tenía reservados para pagos de cesantía de los empleados pasaron a la Asociación Solidarista de la institución (Asebanacio) en una operación realmente sospechosa e ilegal, según la denuncia del diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
Esa Asociación, que es un órgano privado, no podía recibir fondos públicos, algo considerado como irregular en tres dictámenes de la Procuraduría General de la República.
Villalta señaló, en una intervención que realizó en el plenario de la Asamblea Legislativa, que Asebanacio “habría funcionado como una especie de banco paralelo para otorgar préstamos riesgos a los propios jerarcas del banco y a clientes comerciales”.
El legislador presentó el caso ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para que sea investigado.
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De acuerdo con documentación en su poder, algunos gerentes del BN se convirtieron en directivos de la Asociación, algo que prohíbe la ley.
Uno de los señalamientos más delicados de Villalta es que esos ejecutivos se prestaron dinero a sí mismos y citó el ejemplo de un hombre que aparece con un crédito por ¢160.000 millones. El diputado aseguró que hay varios que están morosos.
Villalta manifestó que algunas de las empresas que se beneficiaron con créditos de Asebanacio y que eran clientes comerciales del BN son Hidrotárcoles, Land Business (Casa Blanca), Grupo Orosí, Yanber y Juan Carlos Bolaños (sus empresas recibieron más de ¢18.000 millones entre el 2015 y el 2017). Todo esto a pesar de que aparentemente no cumplían los requisitos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Que me oiga toda la gente pobre a la que no hay manera que le presten pero ni un colón en este país. Esto es una vergüenza”, afirmó Villalta.