El gobierno envió un mensaje claro con la suspensión del cargo de cinco directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a quienes se les abrió una causa penal, al igual que contra el expresidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos.
El mandatario, Rodrigo Chaves, reconoció que la decisión no “es fácil, ni liviana”, pero que el Consejo de Gobierno la tomó de manera unánime “en vista de, primero, nuestro compromiso contra la corrupción, contra el mal manejo de los recursos públicos y contra el aprovechamiento de la posición personal para beneficiar a personas relacionadas con uno mismo. Y esos eventos es lo primero que hemos descubierto en una investigación”.
Marta Eugenia Esquivel, presidenta de la CCSS, explicó que los directivos decidieron el ajuste salarial de ₡7.500 pese a conocer un informe que afirmaba la falta de dinero para llevarlo a cabo. Los individuos cuestionados habrían ignorado estos datos y usado otros argumentos para seguir adelante con un aumento que compromete las finanzas de la institución.
A esto se sumaría un posible conflicto de interés porque el aumento benefició a parientes directos de los miembros de la junta directiva, que también laboran para la Caja.
El tercer caso se trata del nombramiento del director jurídico como gerente administrativo “aún y a pesar de que en documentos de la misma institución se señalaba que el director jurídico no cumplía requisitos para el cargo de gerente administrativo”, afirmó Esquivel.
Chaves comunicó que se abrirán órganos internos encargados de valorar los hechos para determinar la sanción administrativa que corresponde. En paralelo, la Fiscalía General de la República investigará si los cinco directivos y Ramos incurrieron en algún favorecimiento.
Los sindicatos declararon que esta decisión es como si fuera un golpe de Estado para la CCSS. Algunos diputados también coincidieron con ese punto de vista.
