Un proyecto de ley para obligar a los bancos y otras entidades financieras a indemnizar a las víctimas de estafas se votará en segundo debate en el plenario legislativo la próxima semana. Sin embargo, hay voces que advierten de las consecuencias negativas que acarrearía ponerla en práctica, pese a sus buenas intenciones de dar justicia a las personas estafadas.
El expediente 23.908 fue propuesto por el diputado liberacionista Óscar Izquierdo en 2023. Consiste en una reforma al artículo 35 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, con la cual la entidad donde se guarda el dinero será responsable de indemnizar las pérdidas por estafa de sus clientes aunque el daño provenga de un tercero.
Izquierdo fundamentó la necesidad de una nueva ley en que el 2025 cerró con 13.000 casos de estafas informáticas, lo cual equivale a 38 casos por día. El diputado defendió que la iniciativa “protege los ahorros de toda una vida, respalda a quien fue engañado y evita que la persona afectada tenga que luchar sola contra un sistema complejo y desgastante”.
Críticas a la iniciativa
En 2025, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) expresó su oposición a la idea. Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, había explicado que el proyecto de ley parte de que los bancos son los responsables de las estafas cuando en realidad son operaciones del crimen organizado que afectan tanto a los clientes como a los bancos, y en realidad no atiende la raíz del problema.
El analista financiero Daniel Zuchar publicó un mensaje en redes sociales en el cual advirtió “¡nos vamos a pegar un tiro en el pie si esta locura avanza! …pues el camino al infierno está repleto de buenas intenciones. Las estafas empezarán a dispararse, los bancos obligados a pagar cualquier cosa y por ende, las tasas de interés subirán”.
Cubero opinó que abre la puerta a nuevas formas de fraude como que personas reporten estafas inexistentes para exigir el pago del banco, y amplió “si los bancos deben asumir por regla general los costos de las estafas, eso eventualmente se reflejaría en tasas de interés más bajas para los ahorrantes y más altas para los deudores, en perjuicio de todos los consumidores financieros y de la economía nacional”.
