Los diez estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Pital de San Carlos que enfrentan una denuncia penal por cerrar el centro educativo se exponen a condenas de entre los seis meses y los cuatro años de cárcel.
El delito por el que se les procesaría sería el de usurpación, establecido en el artículo 225 del Código Penal y estaría tipificado específicamente en el inciso tres de esa norma que establece:
Artículo 225.-Usurpación
“Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años:
3) A quien, con violencia o amenazas turbare la posesión o tenencia de un inmueble”.
El Ministerio de Educación Pública anunció que presentaría una acción ante el Ministerio Público y la Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos.
La institución informó a través de un comunicado de prensa que desde la semana pasada el director del CTP de Pital, Roberto Céspedes y funcionarios del MEP y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) conversaron con los jóvenes y varios adultos para que quitara los candados y cadenas por las buenas. El asunto es que eso no dio resultados y se mantiene el movimiento.
En ese colegio está matriculado Kenneth Sánchez, presidente del Movimiento Estudiantil de Secundaria (Medse), quien ha estado en el ojo del huracán por un intercambio de opiniones y desmentidos con el director de Noticias Monumental, Randall Rivera.
El MEP aplicaría más denuncias penales de este tipo contra estudiantes de otras casas de enseñanza que impidan a sus compañeros asistir a clases.
“Es nuestra obligación garantizar la prestación del servicio educativo, no podemos permitir que se mantengan cierres en centros educativos porque eso significa privar a jóvenes de clases e interrumpir su proceso de aprendizaje”, afirmó la ministra de Educación Pública, Guiselle Cruz, en el boletín.
