El Instituto Andrea Jiménez está ubicado en San Francisco de Dos Ríos, al este de la capital.
Allí se atienden actualmente a 90 personas con discapacidades como retardo mental o sordera entre los que hay niños, jóvenes y adultos. En cualquier momento, ellos perderían el lugar donde reciben terapias y educación (algunos asisten desde hace 20 años) por una orden de desalojo de la Sala I.
El terreno que ocupan las instalaciones del Instituto fue donado por la Municipalidad de San José, pero cometieron un error a la hora de inscribirlo.
A eso se suman los esfuerzos de cerrarlo por parte de un grupo de vecinos de la Asociación Específica para el Mantenimiento del Residencial La Cabaña, quienes desean que se construya un parque público en la propiedad.
Debido a esta situación, el Instituto pide tiempo y recursos para construir un nuevo edificio y trasladarse.
Mientras tanto, los encargados aseguran que lidian con denuncias falsas que supuestamente proceden de Asociación Específica para el Mantenimiento del Residencial La Cabaña, como que hay un clavo de Acueductos y Alcantarillados (AyA) contra el Instituto Andrea Jiménez.
Para aclarar este punto, Silvia Mora Monge, directora administrativa del Instituto, comentó: “No hemos tenido nunca problemas con esta institución y tenemos toda la documentación que lo comprueba”.
Desde la institución aseguran que han sufrido agresiones verbales por parte de vecinos y que también cometieron actos de vandalismo como rayar la pared del muro con insultos contra los funcionarios que trabajan en el centro.
A causa de estos daños físicos y morales, la administración interpuso una demanda contra estas personas porque impiden su libre funcionamiento.
Al consultar a la Municipalidad de San José sobre el caso informaron que por su parte no realizarán el desalojo hasta aclarar el problema. La Municipalidad también comunicó: “El Concejo Municipal está realizando un proyecto de ley para ser enviado por medio de un diputado a la Asamblea Legislativa, desafectar el terreno municipal y donarlo al Instituto”.
Hay vecinos que se manifiestan en defensa de una institución que trabaja en el sector desde hace 33 años como Yamileth Vargas, quien teme por el futuro de las personas que se benefician de los servicios.
“Hay que entender que ellos tienen una continuidad acá y que, si se les corta, también se va a impedir su evolución y lo peor es que algunos de ellos ya no los van a aceptar en ningún lugar por su edad; de verdad que si cierran esta institución va a ser un gran retroceso para estos muchachos y chiquitos”, dijo Vargas.
