Con la cabeza de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, en la mano, como un valioso trofeo, las autoridades del Poder Judicial piden más plata y frenar los recortes al presupuesto.
Michael Soto, director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aseguró que el dinero para gastos operativos es crucial para la realización de operativos como el realizado este viernes 24 de julio que terminó con la detención histórica del hombre más buscado del país.
Estas reducciones ni siquiera lo dejaron celebrar en paz el éxito de la amplia acción policial de hoy porque en medio de ello, aseguró que recibió una llamada en la que le comunicaron una nueva disminución.
Se trata de ¢5.731 millones menos que obtenían mediante la denominada Norma 10, contemplada en el artículo 7 de la Ley de Presupuesto 2026, que establece que los recursos correspondientes a plazas vacantes del sector público que no fueron utilizados entre el 1.º de enero y el 30 de junio deben destinarse al OIJ y al Ministerio de Seguridad Pública.
“Me informaron hoy en la mañana, en medio del operativo. Yo muy eufórico, muy contento, me abracé con Carlo (Díaz, fiscal general), con los compañeros del SERT, con los compañeros de investigación y, de seguido, recibí una llamada para decirme que ese dinero no nos lo iban a dar”, relató.
Con esos recursos, afirmó, el OIJ cubría gastos de funcionamiento como viáticos, combustible, repuestos, chalecos antibalas, armas de fuego, cascos, fusibles e insumos científicos, además de atender necesidades de infraestructura.
Soto agregó que parte de esos fondos también se destinaban al fideicomiso para la construcción de un nuevo edificio para el OIJ, debido a que actualmente la institución opera en instalaciones alquiladas y enfrenta problemas de espacio tanto en su sede central como en varias delegaciones.
“Por favor ayúdenos”
Ante ello, hizo un llamado vehemente al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
“Señor ministro, por favor ayúdenos con el dinero de la Norma 10, lo necesitamos”, expresó.
El director del OIJ aseguró que la falta de recursos ya impacta a la institución.
“Hoy algunos de nuestros oficiales, los que estaban combatiendo, todos tenían casco, pero los que estábamos atrás no teníamos casco. No tenemos suficientes armas de fuego y los delincuentes sí tienen suficientes armas de fuego”, manifestó.
Soto insistió en que el Poder Judicial ha sido consecuente en la lucha contra la criminalidad y aseguró que, para mantener ese esfuerzo, necesita contar con los recursos mínimos para que sus funcionarios puedan realizar su trabajo.
Esa reducción de esa norma se suma al recorte de ¢3.053 millones de gastos operativos que ya sufrió el presupuesto del Poder Judicial.
Limitaciones
El fiscal general, Carlo Díaz, resaltó el trabajo que realizan pese a las limitaciones presupuestarias que enfrentan e insistió en que este tipo de operaciones requieren recursos, por lo que cuestionó las restricciones presupuestarias que enfrentan.
“Quizás ya en diciembre, como lo expresó don Michael un día de estos, ya no tenemos gasolina para poder realizar este tipo de operativos”, recalcó.
“Hacemos un llamado para que nos gire los recursos, para que no nos limite el combustible, los viáticos y todo lo que ahorita nos están limitando con los recortes presupuestarios. Vamos a seguir trabajando, aunque sea con las uñas”, concluyó.
