Cualquiera que se atreva a escribir algo en Costa Rica, lo que sea, que esté relacionado con el colectivo LGBTIQ+, llevará pegada en la frente la etiqueta de homófobo o de progre.
Es de esos paradigmas que, aunque pase un siglo, no se romperá en esta sociedad, que le cuesta madurar a la hora de discutir sobre el tema.
El último episodio que crispa a la población es que el presidente, Rodrigo Chaves, le sacara tarjeta roja a la exministra de Cultura Nayuribe Guadamuz Rosales y al excomisionado de Inclusión Social Ricardo Sosa Ortiz.
Hay muchas versiones relacionadas con la decisión del mandatario. La que queda clara, según el comunicado de prensa que divulgó Zapote, y que amplió Chaves en una entrevista desde Panamá con radio Columbia es que nadie le comunicó que habían firmado a su nombre la declaratoria de interés cultural para la marcha del Pride Costa Rica 2024.
El presidente ha insistido en que no puede ver cada documento que llega a su despacho, por lo que delega que sus asesores lo hagan por él, aunque eso no le quita responsabilidad. En este caso, el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, procedió a sellar el polémico documento.
Si bien, por la forma tan abrupta en que Chaves anuló la declaratoria (el 29 de junio del 2024, un día antes de la marcha) quedó la puerta abierta a miles de interpretaciones; la más básica para el colectivo es que es un homófobo, un autoritario y un discriminador. Sin embargo, la situación se presta para la manipulación política de quienes se oponen a la figura presidencial.
Tal como sucedió en el proceso electoral del 2018, cuando el entonces candidato PAC, Carlos Alvarado (quien finalmente ganó), se aprovechó de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, ante la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para polarizar al país con el único objetivo de llegar al poder.
Este nuevo alboroto le cayó como un guante a la medida a la prensa progre, que ni siquiera se pone colorada, pero que sí se pega el colorazo al unirse al cántico represivo de la comunidad gay.
Algo predecible, idéntico a aquel 2018, cuando incluso medios escritos, pagados con los impuestos de los ticos, tenían una línea editorial rigurosa a favor del PAC y de todo lo que tuviera que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Quien no se alineaba iba jalando. Como alguien dijo aquella vez, una corrupción solapada y generada desde una sala de redacción.
El despliegue gráfico de la actividad del 30 de junio del 2024 fue impresionante por parte de la prensa progre. Lo curioso es que nadie se preguntó porqué los asistentes sí pudieron marchar y expresarse libremente.
Hay que plantearse esa inquietud, porque si Chaves fuese homófobo hubiera mandado un ejército de policías a impedir la actividad.
Lo cierto de todo es que este pulso multicolor empalaga y divide desde hace casi una década con un fin político, más allá del derecho que se les debe reconocer a estas personas.