Ni siquiera cuando Fabricio Alvarado era el enemigo número uno de la izquierda costarricense durante la campaña electoral del 2018 sufrió un ataque tan agresivo como el que vive en este 2026.
El político, fundador del partido Nueva República, enfrenta tres causas por presunto abuso sexual en perjuicio de la exdiputada Marolín Azofeifa, de Alicia Castillo y de una tercera mujer, de quien su identidad se mantiene en reserva.
El caso lo maneja el Ministerio Público, quien tiene la potestad de acusar y solicitar que sea elevado a juicio ante un tribunal de la República.
Hasta ahí, todo bien.
Sin embargo, una serie de factores que han coincidido mediáticamente ensucian el fondo de las investigaciones.
Y son casualidades realmente curiosas que dejan en el aire una serie de cuestionamientos sobre las razones del furibundo ataque político progre, que se originó en la Asamblea Legislativa, con un evidente ensañamiento a partir de enero del 2026.
La puesta en escena es evidente y no deja nada a la imaginación.
Hay varios actores rabiosos:
- Los abogados de Marolín: uno experiodista de un medio antigobierno y exasesor de confianza del exministro de Justicia PAC Marco Feoli, permanentemente activo en comentar las incidencias del caso. La otra, exbrazo derecho legislativo PAC del expresidente Carlos Alvarado, quien fue presidenta del Congreso en el 2018.
- Prensa amiga PAC: periodistas activistas políticos y opositores al gobierno le dan seguimiento brusco al tema, tiran preguntas venenosas, todas orientadas a atacar las decisiones de la fracción oficialista del PPSO, sin dar contexto sobre el círculo asesor más íntimo de una de las aparentes víctimas de Alvarado.
- Los financistas: ¿quién o quiénes pagan el acompañamiento jurídico de Marolín, por ejemplo? ¿De dónde sale la plata para el seguimiento 24/7 de cada paso que da Fabricio? ¿Surge de una fuente ideológica diametralmente opuesta a la del exlegislador? ¿Hay financiamiento progre metido en esto?
- Diputados zurdos atacan: figuras como Claudia Dobles, la del PAC, íntima amiga de una de las abogadas de Marolín y quien se autoposiciona como progre por naturaleza; José María Villalta, del FA, y Álvaro Ramírez, del PLN, quienes componen el bloque de los superamigos miembros de la nueva izquierda costarricense.
Intenciones e intereses confusos
La suma de todas estas fuerzas confunde a la opinión pública y hasta genera la impresión equivocada. Es decir, le resta peso a la seriedad de las tres acusaciones contra Alvarado, que deben ser analizadas con rigurosidad por un tribunal de la República, que sea el que establezca si hay culpabilidad o no.
Y es ahí donde aparece una discusión de fondo bastante delicada. El Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa crea un procedimiento interno de naturaleza ética y disciplinaria, donde una comisión compuesta por cinco diputados analiza prueba, escucha testigos y emite una recomendación política al Plenario.
No es un tribunal penal de la República, pero sí un mecanismo sancionatorio que incluso puede declarar “responsable” a un diputado por hostigamiento sexual mediante votación legislativa.
El dilema no es menor: ¿qué ocurriría si una mayoría política aprueba una sanción ética de esa magnitud y, tiempo después, un tribunal judicial declara inocente al acusado? ¿Quién responde por el eventual daño al honor, reputación e imagen pública de una persona señalada oficialmente desde el Congreso? La discusión jurídica apenas comienza.
No es casualidad que tanto la Presidencia legislativa como el Departamento de Servicios Técnicos evitaran pronunciarse sobre el fondo del caso y se limitaran a discutir un tema estrictamente competencial.
El riesgo jurídico y político de que un órgano esencialmente político termine emitiendo conclusiones cuasi jurisdiccionales sobre conductas de enorme gravedad es evidente.
Ese tinte político aviva la idea de que hay una fuerza escondida a la que le interesa que Alvarado desaparezca de la faz de la tierra, que ya no exista, aún y cuándo se quedó sin representación, a raíz del resultado electoral del primero de febrero del 2026.
El exdiputado se abstuvo de declarar en la Fiscalía, supo este medio de fuentes absolutamente confiables, cuando se presentó con su abogado, Eric Ramos, el miércoles 13 de mayo del 2026.
Pesa una medida cautelar en su contra de no acercarse a las víctimas. Veremos en qué termina el asunto.
