Erick Arturo Apuy Achío, dueño de Bambú Capital Sociedad Anónima, agencia de publicidad que opera con el nombre de Interaction, faltó a la verdad al dar una declaración jurada como parte del proceso de licitación que finalmente ganó su compañía con Casa Presidencial para combatir las noticias falsas entre otros servicios.
Semanas atrás se informó que el contrato por lo que resta del 2019 es de ¢150 millones (alcanzaría los ¢745 millones si se aplica por lo que resta de la administración).
Aún no es definitivo que Interaction opere, pues el otorgamiento del cartel está en fase de apelación en la Contraloría General de la República.
La polémica estalló al circular un documento en el que la empresa Kantar Ibope Media le pidió a Bambú Capital que deje de usar su nombre en el proceso de licitación pues “esa agencia no se encuentra entre nuestros clientes”.

Lo más grave del asunto es que en la declaración jurada, Apuy Achío, ante una notaria pública, confirmó que contaba con la herramienta de TV Data /medición de audiencias, cuando ni siquiera figura en la lista de clientes de Kantar Ibope Media.
En ese documento se establece que quien cometa perjurio (falte a la verdad) se verá expuesto a las sanciones que establece el artículo 318 del Código Penal.
Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla con relación a hechos propios”.

La ministra de Comunicación, Nancy Marín, y el presidente, Carlos Alvarado Quesada, defendieron la contratación de alguna compañía para que brindara los servicios antes mencionados como el combate contra las noticias falsas.
Ahora, el asunto se puso más espeso y Casa Presidencial actuó de oficio, por lo que le pidió a la Contraloría que investigue el uso indebido del nombre de la empresa Kantar Ibope Media en el proceso de contratación.
“Al confirmar la veracidad de la nota, procedimos a solicitar de oficio a la Contraloría General de la República que se investigue lo expuesto y se tomen, si así lo amerita, las medidas correspondientes sobre el proceso licitatorio en trámite”, explicó la ministra de Comunicación, Nancy Marín.
La jerarca agregó: “Como parte inicial del proceso de licitación y siguiendo estrictos parámetros de transparencia en la contratación, se solicitó la documentación necesaria y legal que hicieran constar el servicio que podían ofrecer cada una de las empresas oferentes”.