El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, topó con una pared al intentar sonsacar información de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) que por ley no puede compartir. El legislador pretendió conocer con detalle los protocoles de inteligencia y seguridad para refugiados, exiliados o perseguidos políticos en Costa Rica.
La consulta de Villalta buscaba saber cómo procede la DIS cuando un refugiado presenta una denuncia por amenazas a su seguridad, cómo se evalúa el riesgo, cuántas denuncias de este tipo han recibido desde 2021 y de qué nacionalidades eran los involucrados, cómo coordina con la Dirección General de Migración y Extranjería, y el presupuesto para atender estas tareas.
Además, José María Villalta preguntó: “¿Ha identificado la DIS, en los últimos años, redes de vigilancia,
espionaje o inteligencia operadas por actores extranjeros (estatales o no estatales) dirigidas contra personas opositoras políticas exiliadas en territorio costarricense? De ser afirmativo, ¿qué acciones preventivas o de contrainteligencia se han implementado?”
Pablo Martínez, Director General de la DIS, respondió a la solicitud de información del diputado con una carta en la que se lee: “le recuerdo que el artículo 16 de la Ley General de Policía indica que los informes y los documentos internos de la Dirección de Seguridad del Estado son confidenciales”.
Efectivamente, el artículo mencionado establece que: “Los informes y los documentos internos de la Dirección de Seguridad del Estado son confidenciales. Podrán declararse secreto de Estado, mediante resolución del Presidente de la República”.
Cabe recordar que esta misma ley estipula que la DIS se encuentra bajo el mando exclusivo del Presidente de República y que también tiene la autoridad para delegar la supervisión del cumplimiento de las funciones de este cuerpo de seguridad solo en el Ministerio de la Presidencia.
