El pasado lunes 20 de julio, el Ministerio Público recibió una denuncia en contra de la Contralora General de la República, Marta Acosta. Marta Esquivel, diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó la acusación por el presunto delito de peculado de servicios. De acuerdo con la demandante, la jerarca usó indebidamente los recursos de la institución en la defensa de funcionarios en procesos judiciales.
En la denuncia se explica que Acosta habría utilizado la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR) para defender legalmente con fondos públicos a funcionarios demandados a título individual. La diputada Esquivel solicitó a la Fiscalía que investigue el caso para determinar la afectación económica al Estado, así como los participantes y su grado de responsabilidad.
Esquivel declaró: “La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales. Corresponde ahora al Ministerio Público investigar estos hechos con total objetividad y determinar las responsabilidades que correspondan”.
El artículo 361 del Código Penal define el delito de Peculado de Servicios como uno en que incurre el funcionario público “que emplee en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública”. De acuerdo con la legislación, la pena por este delito es de tres a doce años de cárcel.
El origen del caso está en 2024, cuando la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) hizo una licitación para la gestión de diez Áreas de Salud, que las adjudicó a COOPESALUD R.L., COOPESANA R.L. y COOPESAÍN R.L., pero la CGR bloqueó el proceso para investigar la razonabilidad de los precios y aprobaron un dudoso informe de costos de la CCSS.
Eso llevó a que las cooperativas interpusieran una denuncia a los funcionarios ante la CGR y, debido a la falta de acción de la Contralora, se pasó a un proceso judicial. Abogados de la División Jurídica de la CGR asumieron la defensa de la institución ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, Marta Acosta ordenó que los mismos abogados también estuvieran a cargo la defensa legal de los funcionarios.
