La Fiscalía Adjunta de Económicos, Tributarios y Propiedad Intelectual presentó, el 2 de enero del 2023, ante el Juzgado Penal de Hacienda de San José la solicitud de desestimación de un caso de presunto fraude contra la hacienda pública en el que investigaban al presidente de CRHoy, Leonel Baruch; a un hombre, de apellidos Barrantes Paniagua, así como a las empresas Beta Matriz Costa Rica S. A., Corporación BCT y sus subsidiarias en Panamá.
Esto sucedió prácticamente tres semanas antes de que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributación Directa anunciaran a todo galillo, este jueves 19 de enero del 2023, un “megacaso” por una supuesta evasión de impuestos cuyo perjuicio ascendería a más ¢11.000 millones y en la que, presuntamente, los protagonistas serían los mismos.
Cabe mencionar que ni el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; ni el director general de Tributación Directa, Mario Ramos, se jugaron la rifa de decir de cuál banco se trataba, ni tampoco de cuáles empresarios. Da la impresión como que se olían lo que se les venía.
Además, las autoridades tampoco aportaron el número de expediente que se les dio al momento de ingresar la denuncia, por lo que se desconoce si es el mismo que el de la causa 22-000070-0621-PE.
- Publicidad -
Tanta adivinanza deja una nube de dudas, pues tampoco hay precisión en si se aportaron pruebas nuevas para que sea reabierto el proceso.
En medio de la tiradera, Baruch advirtió que prepara un contragolpe. “Oportunamente informaré de las acciones legales a tomar ante semejante atropello”, respondió por escrito a una consulta de Noticias 36, Trivisión.
El Banco BCT se refirió al tema en un boletín corto: “Rechazamos categóricamente estas falsas acusaciones y afirmaciones tendenciosas. Hemos cumplido y continuaremos cumpliendo con todas nuestras obligaciones tributarias de conformidad con lo que establece la legislación”.
El Ministerio Público informó el jueves 19 que, en efecto, se estaba investigando el presunto delito de fraude contra la hacienda pública, pero este viernes 20, la Oficina de Prensa aclaró que hubo una equivocación por “una errónea interpretación de una funcionaria” al omitir informar que el expediente había sido trasladado al Juzgado Penal de Hacienda para que se procediera con la desestimación, si es que debe ser así.