El exfiscal de Cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial para que se investigue al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, y a la magistrada Patricia Solano Castro por presuntas infracciones relacionadas con el deber de imparcialidad que deben mantener los funcionarios judiciales.
La denuncia sostiene que ambos realizaron manifestaciones públicas que podrían interpretarse como posiciones de carácter político, lo que, a criterio del denunciante, amerita una investigación para determinar si existió alguna violación al Reglamento para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial.
En el caso de Carlo Díaz, el documento cita una entrevista concedida al medio Interferencia, en la que se refirió a la situación política nacional, al expresidente Rodrigo Chaves, al partido oficialista y a posibles reformas constitucionales. Además, menciona otra entrevista en la que expresó su preocupación por el futuro de la democracia costarricense.
Respecto a Patricia Solano, la denuncia hace referencia a declaraciones públicas sobre la situación económica del país, en las que cuestionó el concepto de la llamada “economía jaguar” y afirmó que terminó siendo “un gatito”.
El exfiscal solicita a la Inspección Judicial que admita la denuncia, abra una investigación preliminar y preserve como prueba las entrevistas, videos, publicaciones y demás evidencia digital relacionada con los hechos señalados.
También pide que, una vez concluida la investigación, se determine si las declaraciones de ambos funcionarios constituyeron una infracción al artículo 33 de la Circular N.° 72-2019 y a la normativa disciplinaria aplicable a los servidores judiciales.
