Un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desencadenó la investigación que realiza la Fiscalía contra la presidenta ejecutiva de esa institución, Marta Esquivel Rodríguez, y siete personas más.
Al parecer, Esquivel y ciertos directivos habrían favorecido la adjudicación de contratos para la administración de 138 Ebáis a cooperativas a un sobreprecio millonario de ₡12.400 millones al año.
Por ello, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 28 allanamientos, entre ellos en la CCSS y las casas de Esquivel y los otros involucrados por los presuntos delitos de influencia contra la hacienda pública y tráfico de influencias.
En total cayeron seis altos funcionarios y exfuncionarios de la junta directiva de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós. Entre ellos está la directora de Proyectos de la Caja; además se investiga a un exgerente médico y un exvicepresidente ejecutivo.
En el caso de Esquivel, la oficina de prensa de la CCSS informó que se presentó de manera voluntaria al Ministerio Público “para las gestiones que correspondan. En este momento se encuentra a disposición de las autoridades judiciales”.
Favorecimiento
Randall Zúñiga, director del OIJ, precisó que los involucrados habrían anulado un contrato del 2021 para la administración de 138 Ebáis, con una vigencia de cuatro años y, presuntamente, lo modificaron por un nuevo contrato en el que se amplían los plazos y cambiaron los montos que se deben pagar.
Según detalló Zúñiga, el departamento financiero de la CCSS rechazó la posibilidad de que se ampliaran los plazos y se aumentaron los costos, porque lo usual era que se reconociera un incremento anual del 2% al 3% y no de más del 33%, como se establecía en el nuevo contrato.
Con ese aumento, se pagan de más ₡1.033 millones por mes, es decir, ₡12.400 millones por año, respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas.
“Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio”, dijo la Fiscalía.
Para incurrir en ese favorecimiento, las autoridades judiciales presumen que directivos de la CCSS se reunieron con los oferentes, lo que, si fue así, les dio ventaja.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se adjudicó por diez años.
Las áreas de salud, cuyos contratos se pactaron el 6 de julio del 2024, son: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
La investigación se desarrolla bajo el expediente 24-000267-1218-PE.