El respiro judicial duró exactamente cinco meses. Los 18 imputados del caso “Madre Patria” que en febrero habían salido de prisión preventiva para cumplir medidas cautelares más leves —firma periódica, entrega de pasaporte, prohibición de salir del país— deberán regresar a la cárcel, según confirmó este 27 de julio la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (FAEDO).
La orden llega después de que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José le diera la razón al Ministerio Público, que había apelado la resolución de febrero. El Tribunal no solo anuló esa decisión: la declaró ineficaz de raíz y ordenó capturar de nuevo a los sospechosos.
El detalle que pocos vieron venir: el reloj de los cinco días
Ahora la FAEDO tiene un plazo ajustado —apenas cinco días— para pedir la prórroga de la prisión preventiva ante el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José. ¿Por qué justo cinco? Porque ese era el tiempo que le quedaba a la medida privativa de libertad cuando, en febrero, el Juzgado Penal decidió cambiarla por otras condiciones. El proceso, literalmente, retoma el conteo donde se había quedado congelado.
¿De qué se les acusa y por qué salieron en febrero?
El expediente investiga hechos vinculados a allanamientos realizados el 25 de junio de 2024, que derivaron en la detención de un grupo de personas imputadas por presunta delincuencia organizada. Desde entonces, el caso ha pasado por varios vaivenes:
- Julio 2024: prisión preventiva por un año para la mayoría de los imputados; arresto domiciliario con monitoreo electrónico para otros dos.
- Julio 2025: el Juzgado Penal divide al grupo: ocho continúan en prisión preventiva y once pasan a arresto domiciliario sin monitoreo.
- Noviembre 2025: tras apelaciones cruzadas de fiscalía y defensa, se confirma la prisión de los ocho y se reimpone también a los once que habían sido liberados.
- Febrero 2026: el Juzgado Penal vuelve a variar las medidas para 18 personas, alegando que nuevas circunstancias laborales y domiciliares —presentadas por la defensa— reducían el riesgo de fuga, aunque aclaró que la probabilidad de participación en los hechos seguía vigente para todos.
Ese último giro generó ruido público, al punto de que el propio Ministerio Público emitió un comunicado aclarando que el cambio de medidas no significaba que el caso se hubiera debilitado. La fiscalía insistió en que cuenta con prueba suficiente, en grado de probabilidad, para vincular a los imputados con los hechos investigados, y que las variaciones responden a criterios de arraigo —posibilidad de fuga, riesgo de obstaculizar la investigación— y no a la fortaleza del expediente.
¿Qué sigue?
Con la apelación ya resuelta a favor de la fiscalía, la pelota vuelve a estar en la cancha del Ministerio Público, que deberá justificar ante el Tribunal de Apelación por qué la prisión preventiva debe extenderse. Mientras tanto, la orden de captura ya está en firme para los 18 imputados.
